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El expresidente catalán Carles Puigdemont pidió el martes en Bruselas garantías jurídicas para volver a España mientras la Audiencia Nacional le ha citado jueves y viernes a declarar acusado de rebelión, sedición y malversación.
En una multitudinaria rueda de prensa en la capital europea, Puigdemont dijo que nueve miembros del Gobierno catalán, cesado al completo por Madrid, estaban en la capital belga, mientras que los restantes, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras, continuaban en Cataluña como “miembros legítimos” del Ejecutivo regional.
“Nos hemos desplazado a Bruselas para poner de manifiesto el problema catalán en el corazón de Europa y denunciar la politización de la justicia española y su ausencia de parcialidad (…) y también para mostrar al mundo el grave déficit democrático en el estado español”, dijo el dirigente independentista.
Tras haber dado pasos hacia una república catalana proclamada el viernes, Puigdemont dijo que aceptaba como un “reto democrático” las elecciones autonómicas convocadas por Madrid y pidió al Gobierno español que respetara el resultado de unos comicios en los que, según un sondeo oficial conocido el martes, se revalidaría la mayoría parlamentaria independentista.
“Siempre que haya unas urnas, allí nos encontrarán”, dijo el presidente cesado sobre las elecciones del 21 de diciembre.
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Los comicios, a los que los partidos soberanistas mayoritarios aún tienen que anunciar si concurrirán conjuntamente, forman parte de las medidas con las que el Gobierno español pretende frenar las ambiciones independentistas tras el referéndum del 1 de octubre.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocó el martes por la tarde un Consejo de Ministros en el que, según fuentes de Moncloa, abordará aspectos relacionados con la convocatoria electoral en una región en la que los partidarios de la independencia han alcanzado su nivel más alto en tres años, según un sondeo.
Desde las filas del partido en el Gobierno, el portavoz parlamentario Rafael Hernando calificó a Puigdemont de “botarate y patético”, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió “poner fin a esta locura” en las urnas.
ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Respecto a la querella presentada contra él, por la que ha sido citado a declarar este jueves tras su admisión a trámite por la Audiencia Nacional, el líder catalán dijo que no se sustentaba jurídicamente y era parte de la “ofensiva sin precedentes” del Gobierno español en Cataluña.
“No queremos escapar a nuestras responsabilidades ante la Justicia, pero queremos garantías”, dijo Puigdemont, sin aclarar si acudiría a la Audiencia en caso de ser llamado a declarar y negando que estuviera en la capital belga para solicitar asilo.
Varias horas después de la comparecencia de Puigdemont, la juez Carmen Lamela admitió a trámite la querella de la fiscalía española contra el cesado presidente autonómico y el resto de su gobierno por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación y los citó a declarar entre jueves y viernes, imponiéndoles además una fianza de 6,2 millones de euros a depositar en un plazo de tres días.
También en el frente judicial, el Tribunal Constitucional suspendió el martes la declaración unilateral de independencia en el Parlament, cuya presidenta tendrá que comparecer a finales de semana ante el Tribunal Supremo por los mismos delitos que pesan contra Puigdemont.
El expresidente dijo que la actuación de su ejecutivo había contribuido a que el control del Gobierno central en Cataluña se haya producido sin enfrentamientos ni absentismo de los funcionarios, y pidió al pueblo catalán que se preparara para un “largo camino”.
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Para abordar ese futuro, los anticapitalistas de la CUP, que han apoyado al Gobierno catalán desde 2015 y que calificaron el acto de Puigdemont del martes de “acto de dignidad”, pidieron que se firmen los primeros decretos para iniciar el proceso constituyente de la república catalana.
REUTERS
