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A la hora de alquilar un piso, la respuesta de las inmobiliarias y de los propietarios de las viviendas es diferente si el interesado es una persona inmigrante o autóctona. Así lo acredita SOS Racismo, que presentó ayer el estudio ‘Puertas que se cierran’, en el que han testado de forma presencial y telefónica la «discriminación» que sufre el colectivo en el acceso a la vivienda. Diario Vasco.
El estudio se realizó el año pasado con 462 llamadas a 250 agencias inmobiliarias de siete comunidades autónomas, y con la visita a 20 inmobiliarias en cuatro ciudades: Donostia, Vitoria, Madrid y Barcelona. En ambas «es clara la diferencia de pisos ofertados a uno y otro colectivo», denunció Mikel Mazkiaran, secretario general de la federación de SOS Racismo en Gipuzkoa, en su intervención en las Juntas Generales de Gipuzkoa.
En la prueba de teléfono, de las personas a las que se les negó que existiesen pisos para ofrecerles, el 69,8% eran demandantes de origen extranjero, frente a un 30,2% de personas autóctonas. En la visita presencial se apreciaron igualmente diferencias. El 86,7% de las personas a las que se les negó que existiesen viviendas disponibles eran de origen extranjero (el 42,9% subsaharianos; el 28,6% del Magreb, y el 14,3% de origen latino). Además de la oferta de pisos, el estudio ha constatado diferencias en los requisitos que se exigen a unos y otros.
Así, por ejemplo, la exigencia de varias nóminas o de contar con un contrato de trabajo es mayor entre la población inmigrante, lo mismo en cuando a exigir un aval bancario. Otro ejemplo de discriminación es que a las personas subsaharianas ni siquiera les invitaron a sentarse a la hora de formular la consulta sobre si había pisos en alquiler disponibles, recoge el informe.
Políticas públicas
SOS Racismo asegura que, a diferencia de otras actitudes discriminatorias, como puede ser el acceso a locales de ocio, los límites en al acceso a la vivienda acarrean serios problemas. Además, afirma que se trata de una «discriminación sutil, difícil de probar».
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Por todo ello reclaman a las instituciones que pongan en marcha políticas públicas en contra del trato discriminatorio, que también se combatan los estereotipos y prejuicios por los que se asocian a las personas inmigrantes con la generación de conflictos o con un mayor riesgo de impagos. También piden «una verdadera política pública» de fomento del alquiler de vivienda.
