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Una de las primeras acciones que deberá promover la nueva Asamblea Nacional que se instale en Venezuela a partir del 5 de enero de 2016, la cual, como todo parece indicar, tendrá mayoría de las fuerzas democráticas, ha de ser la conformación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, similar a la que desde el año 2006 funciona en Guatemala.
Uno de los graves problemas que confronta la Venezuela actual, sometida a un proceso de destrucción institucional desde hace poco más de 16 años, es precisamente la impunidad. Las últimas cifras del Ministerio Público reveladas en su informe de 2014, señalan que “el 99% de las denuncias hechas ante esa instancia no llegaron a fase de juicio, lo que quiere decir que las víctimas no pudieron estar frente a un juez y presentar sus peticiones”, dijo Liliana Ortega, presidenta de Cofavic.
«Para 1998, por cada 100 homicidios que se cometían en el país, hubo 118 detenciones. Desde hace cinco años, por cada 100 homicidios que se cometen en el país teníamos 8 o 9 detenciones», dijo Ortega,
Roberto Briceño León, del Observatorio Venezolano contra la Violencia, dijo que «en el 91 o 92% de los homicidios ni siquiera hay una persona detenida, eso hace que los delincuentes sientan que no hay ninguna posibilidad de ser capturados y simplemente cada vez hay más jóvenes que, estando en el borderline (límite), sienten que pueden dar el paso hacia el delito porque no les va a suceder nada. Casi como unjuego , como divertimento pasan a cometer este tipo de actos», afirmó.
Unas 19 organizaciones no gubernamentales, defensoras de los Derechos Humanos, hicieron público en junio de este año un informe con cifras tanto oficiales como independientes, el cual fue entregado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exponer la difícil situación que se vive en Venezuela en materia de impunidad.
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El informe está basado en cifras de la Fiscalía General de la República, y en el mismo se indica que entre 2006 y 2010 se registraron 30.000 casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, de las cuales el 93 por ciento terminó en sobreseimientos de las causas y sólo hubo cuatro por ciento de condenas.
El mismo informe detalla que en 2014, con motivo de las protestas que se desataron contra el gobierno de Nicolás Maduro, se presentaron 8.049 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, de los cuales casi el 99 por ciento no llegó a su fase de juicio.
En Guatemala, una nación mucho más pequeña y con menos recursos económicos que Venezuela, funciona desde hace 9 años, una Comisión Internacional (CICIG) que se ha encargado de enviar a la cárcel a un presidente, una vicepresidente, un ex presidente y a varios diputados del congreso, a quienes se ha comprobado su participación en hechos de corrupción contra la cosa pública. También se ha enjuiciado a muchos funcionarios a quienes se comprobó su participación en la violación de los derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006. El acuerdo fue sometido a consulta de la Corte de Constitucionalidad, la cual la dio el visto bueno en mayo de 2007. Posteriormente, el acuerdo fue ratificado por el Congreso de la República el 01 de agosto de ese mismo año.
La CICIG, como se le conoce en Guatemala, “nació como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos”.
En Venezuela, donde las autoridades reconocen la existencia de centenares de bandas criminales, y la presencia de al menos 71 grupos violentos llamados “colectivos” que mantienen azotada a la población, la presencia de una Comisión Internacional contra la Impunidad, con poderes plenipotenciarios para desarticular esas organizaciones, llevar a juicio y poner tras las rejas a sus integrantes, es una necesidad impostergable.
El mandato de la CICIG guatemalteca, según lo establecido en el acuerdo firmado con la ONU, está compuesto de tres objetivos principales: investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
La CICIG también colabora con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promueve la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
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La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.
La efectividad de la CICIG en Guatemala se comprobó en febrero de 2001. En aquella ocasión, se promovieron y ejecutaron una serie de modificaciones presupuestarias a favor del Ministerio de la Defensa Nacional, entre ellas la 16-2001 (correspondiente a la suma de 120 millones de quetzales), la cual fue aprobada pese a no tener una justificación razonable. Las investigaciones determinaron que 30 millones de quetzales (casi 4 millones de dólares) fueron entregados en efectivo a José Armando Llort Quiteño, ex gerente de Crédito Hipotecario Nacional, y el resto fue depositado a cuentas personales y de familiares del entonces ex presidente guatemalteco Alfonso Antonio Portillo Cabrera. En este caso se vinculó con a dos ex ministros e igual número de militares.
La CICIG inició la cacería del ex presidente Alfonso Portillo Cabrera. El 07/10/2008, tras permanecer cuatro años y siete meses prófugo de la justicia, el ex mandatario fue extraditado desde México. El 24/05/2013 Portillo es extraditado a Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de dinero. En EEUU permaneció por casi 2 años y luego fue liberado, siendo trasladado nuevamente a Guatemala, donde a mediados de este año, se postuló como candidato a diputado. Por fortuna, una sentencia de un tribunal anuló su postulación y le impidió presentarse a las elecciones.
La efectividad de la CICIG de Guatemala volvió a comprobarse en 2015. Gracias a la CICIG, el ex presidente Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, se encuentran detenidos en una cárcel, acusados de hechos de corrupción contra la cosa pública. Una docena de diputados del Congreso guatemalteco también están siendo sometidos a investigación y muchos otros funcionarios públicos, han tenido que verse las caras frente a la justicia.
En Venezuela, durante los últimos 16 años, el chavismo/madurismo/cabellismo ha hecho de la impunidad, la corrupción y la violación de los Derechos Humanos una forma de vida. Son cientos de miles los casos denunciados y muy pocos, poquísimos, los casos investigados y sancionados. En la revolución socialista la impunidad está a la orden del día. Una Comisión Internacional contra la Impunidad, una CICIV, similar a la de Guatemala es más que necesaria en este país para iniciar la reconstrucción de las instituciones y la vuelta a la legalidad, sin la cual, ninguna sociedad pueda funcionar como Dios manda.
Nicolás Maduro y sus 40 ladrones han de saber que después de las elecciones del 6D, los días de la impunidad en este país, están contados. El largo brazo de la justicia, algún día los alcanzará.
SC. 7de noviembre de 2015
Gustavo Azócar Alcalá
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