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El petrorínoco vencerá en 2036. El respaldo financiero proviene del petróleo y del Fondo de Ahorro Popular. Los títulos se podrán negociar en el Sitme, en dos años.
Con divisas pagarán los años de espera. El Gobierno titularizará la deuda del sector público por concepto de prestaciones sociales cuantificadas en 19.000 millones de dólares, a través de emisiones de títulos públicos en moneda extranjera que podrán liquidar a los dos años, pero que vencerán en 2036, año en que termina la vigencia de las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco.
La comisión técnica que analiza el mecanismo, señaló que la vía de financiamiento para esta deuda que emitirá el Fondo de Ahorro Nacional y que "muere" en 24 años proviene de tres vías. La nueva filial Pdvsa Social que se nutre los dividendos que generen el 4% de las acciones que tiene el Estado en las empresas de la Faja; además de los impuestos de extracción y otros tributos que equivalen al 3,33% de los ingresos brutos y de los recursos del Fondo de Ahorro Popular.
La proyección que hace el Ejecutivo es que en 24 años al Fondo de Ahorro Nacional ingrese un monto total aproximado de 37.000 millones de dólares. Este calculo se hace sobre la base de un precio del barril de petróleo a 100 dólares promedio, explicaron fuentes ligadas al Ministerio de Petróleo y Minería.
Prácticamente se trata de un refinanciamiento de deuda, similar a lo ocurrido en 1990, sólo que en esta oportunidad "Brady" es el Banco Central de Venezuela (BCV), órgano que respaldará estos papeles como fiduciario. La Ley del BCV deberá ser modificada para que se permita a ambos fondos mantener posiciones en divisas mediante un nuevo convenio cambiario.
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Mientras que la Ley de Administración Financiera del Sector Público, también deberá ser modificada para crear los mecanismos legales para que el Fondo de Ahorro Nacional pueda emitir los Petrorinoco y estos puedan ser registrados en el mercado internacional y canjeados en el Sitme o la Bolsa Pública tras los dos años de vencimiento.
Para expertos del Gobierno será fundamental que esta deuda se estructure de manera adecuada y prudente, y en eso también jugará un papel importante la Bolsa Pública y el Sitme de manera que no se abarrote el mercado.
La razón del establecer un periodo de "inamovilidad de los títulos" por dos años es según señalan fuentes del Ejecutivo "brindar protección al ahorro y el posicionamiento de los papeles".
Durante este tiempo podrán recibir los intereses que generen estos instrumentos anuales o semestrales según lo defina la emisión.
Opciones de pago
El beneficiario de estos títulos recibirá los intereses que generen y sólo podrá canjearlos si lo desea, a partir del segundo año en el mercado secundario por "cash" o mantenerlo hasta su vencimiento.
El Ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez dijo que 26% de los trabajadores de la administración pública requieren vivienda y el porcentaje es casi igual en los obreros, esto de acuerdo con los datos del registro de la Gran Misión Vivienda.
De manera que los trabajadores tendrán la opción de cambiar su deuda por una vivienda entregándole un título inmobiliario o de titularizar hipotecas con bonos que las respalden.
Fondo de Ahorro Nacional
Este mecanismo de financiamiento funcionará como un ahorro del Estado donde guardará recursos para hacer las emisiones con las que pagará la deuda acumulada; además, servirá para ir reuniendo para la que se generará producto de la restitución de la retroactividad.
El fondo tendrá ingreso fijo por las tres vías de financiamiento mencionadas y será la garantía de pago para el nuevo régimen de prestaciones que se defina luego de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
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La mayor parte de la deuda está en los trabajadores del sector salud, educación y de gobernaciones y alcaldías.
Un grueso de ellas está respaldado en un trabajo hecho por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Sin embargo, se abrirá un proceso para que quienes no han reclamado este pago lo hagan. Es importante que tengan la documentación de los casos, pues existen entes descentralizados que no cuentan con los registros de sus extrabajadores.
En caso de no contar con la documentación será difícil esos trabajadores puedan reclamar el pago de este beneficio.
Fondo de Ahorro Popular
Otra figura que creará el Gobierno, cuya finalidad es efectuar inversiones en áreas estratégicas de la industria petrolera, es el Fondo de Ahorro Popular.
La idea nace con la expectativa de que pueda ser un fondo de inclusión general, donde no sólo los trabajadores del sector público participen, sino también los del sector privado e, incluso, comunidades.
Esto quedará definido por la Comisión Presidencial y el equipo técnico que determine su forma de funcionamiento.
Recibirá una inversión inicial que hará el Estado y la intención es que se nutra, además, de parte del dinero que por prestaciones reciban los trabajadores e invertirlo en la industria.
Esto no lo convierte en accionista, mas su inversión será remunerada con los dividendos que produzca esta empresa o área del sector petrolero donde se inyecte este dinero.
Fuentes del Ejecutivo dicen que en vez de llevar el dinero a un banco, se deposite en el fondo, donde en razón del dinero invertido se definirá el rendimiento que tendrá ese ahorro. Todo amparado en los dividendos que genere la industria del petróleo en las actividades de la Faja.
En caso de permitirse la participación de los trabajadores del sector privado en este Fondo de Ahorro Popular, aplicaría el mismo pago de rendimiento según los dividendos que genere. En el Gobierno buscan que todo el dinero que pagarán no salga líquido a la calle, pues dispararía los niveles de inflación.