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La cayapa inquisitiva de la que es objeto el Diputado Richard Mardo es el mejor ejemplo de un gobierno totalitario, esto es sin lugar a dudas una factura política, culillo a algo, donde no solo se sanciono vilmente a un padre de familia, sino que esa delegación que entregó el Estado Aragua para que Mardo los representara en el “digno y autónomo” parlamento nacional, el gobierno la uso como papel higiénico.
Yo no caeré en una discusión que a mi juicio tiene un vacío legal, ya que realmente puede tener lecturas diferentes de acuerdo a la conveniencia de cada quien, esto al respecto de la mayoría calificada o simple, eso para mí no es lo más importante, lo peligroso aquí es el precedente diabólico de arrancar de un zarpazo el derecho a ser libre y pensar distinto, sembrándole crímenes con pruebas falsas y sin ninguna oportunidad de hacer oposición a estas. La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales sobre derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana de derechos Humanos, este sagrado derecho de inocencia debe estar presente en todas las fases del proceso penal y en todas las instancias del mismo. A diferencia del proceso penal en el sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de su comisión por dos testigos para que pudiera ponerse en cuestión la reputación del denunciado. Incluso se generaba un mandato de detención.
Pero peor aún que los “hitlerianos” asambleístas se comportaron los filósofos del derecho, me refiero a los Magistrados del TSJ y a la Fiscal General, quienes sin leer una página del expediente –porque no existe- violentaron el debido proceso, este un principio el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso según mis profesores de la MISION SUCRE –UNERG, establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado Y cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley.
El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Lo lamentable de esta siembra de pruebas falsas es que acusan a un ciudadano de corrupto que además de no manejar recursos públicos, ha demostrado publica y notoriamente – como ningún otro político – las ayudas sociales que ha entregado a miles de ciudadanos aragüeños, este gobierno torpe “por ahora” no recogerá esta barbaridad, pero quedará muy mal parado antes los ojos del mundo cuando en instancias internacionales se demuestren la veracidad de los hechos. Hoy es Richard Mardo, pero mañana seguro le tocara a cualquier diputado del PSUV o del PCV quienes en estos tiempos quedaron castrados al no votar por lo que dictaba su conciencia tal como lo establece la Constitución vigente, ojala el gobierno reflexione y no busque más “marditos”.
Por: Emilio Gúzman / @emilio_guzman