98 % de las violaciones de DDHH quedan impunes en Venezuela

Venezuela ha retrocedido en el cumplimiento de derechos sociales, civiles y políticos, producto de una crisis de institucionalidad, lo que ha permitido a su gobierno extralimitarse en funciones.

Ese es el resultado de los informes presentados por especialistas en derechos humanos en el foro “Institucionalidad y DD HH en Venezuela”.

El evento, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello, contó con la participación de Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Magaly Vásquez, profesora de la UCAB; Jesús Ollarves, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Inti Rodríguez, coordinador de Comunicaciones de Provea; y la periodista Ronna Rízquez.

Rodríguez presentó un avance del informe anual de Provea, correspondiente a 2014, el cual registra la situación de retroceso de derechos civiles y políticos en el marco de las protestas de 2014, dado el incremento de la represión como respuesta del Ejecutivo.

“El principal drama es el tema económico, que ha superado otras preocupaciones como la inseguridad”, expuso Rodríguez.

Impunidad en DD HH

Provea insiste en que el Estado debe acatar las recomendaciones de los diferentes organismos internacionales en materia de DD HH, en vista que muchas situaciones advertidas con anterioridad se han agravado.

Por otra parte, Rodríguez señaló que la impunidad es un problema estructural, pues mientras el 92% de los delitos comunes no son esclarecidos, en lo que respecta a violaciones de DD HH el porcentaje se eleva a 98%.

Ese porcentaje se sustenta en el informe anual de 2014 presentado por el Ministerio Público, el cual señala que apenas 30 funcionarios del Estado por los hechos ocurridos el año pasado, tomando en consideración que se registraron 3.500 detenciones arbitrarias, solo en protestas, 185 casos de torturas y 634 de tratos crueles contra detenidos.

Universidad del delito

Humberto Prado recordó el hacinamiento de más de 170% en las cárceles del país. Aun cuando los estándares internacionales dicen que por cada 10 internos debe haber uno de seguridad, la realidad es que hay un oficial por cada 100 detenidos.

“Las personas que egresan para atender a los privados de libertad no cuentan con la suficiente capacidad para atenderlos”, agregó Prado.

Fuente: [Correodelcaroni.com]