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La procuradora del estado Monagas, Omyl Nathaly Rondón, se pronunció en rueda de prensa, para desvirtuar las recientes declaraciones del presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Carreño, quien aseguró que el gobernador José Gregorio El Gato Briceño debería ser privado de libertad.
Para la Procuradora, las investigaciones que adelanta la Comisión de la AN, es de orden eminentemente político y no trasciende a los otros derechos de la persona, en el caso del gobernador Briceño, por ser una autoridad considerada como alto funcionario del estado, según el Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que solo se puede accionar mecanismos a través de la Fiscalía General de la República para determinar las responsabilidades.
“Quiero desvirtuar las declaraciones que ha venido sosteniendo el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, donde establece que el gobernador Briceño podría ser privado de libertad de manera inminente. Los lapsos que deben cumplirse para este procedimiento requieren un tiempo de 30 días como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 379”.
Explicó la profesional del derecho que el procedimiento penal establece que debe solicitarse un antejuicio de merito ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia.
“Actualmente los funcionarios que se encuentran involucrados en la construcción de las obras objeto de investigación, aun se encuentran ejerciendo el derecho a la defensa, no se han agotado los lapsos para la comparecencia. Es anticipado decir que este procedimiento, que aun no ha concluido, va a establecer sanciones”, dijo Rondón.
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“Quiero aclarar que la sanciones de carácter político, no lesionan el derecho para ejercer cargos públicos, el lapso para una inhabilitación esta “cuesta arriba”, porque son 30 días para que se fije la audiencia y la Fiscalía General proceda a la querella” destacó.
“Más allá del procedimiento, al margen de lo manifestado por Carreño, quien asegura que esta investigación no tiene nada que ver con el hecho de la disidencia de parte del gobernador Briceño con respecto al partido de gobierno, lo que buscan es una abstención por parte del electorado, sembrar la incertidumbre, y por eso es que se dan estas visitas tempestivas y apresuradas en el marco y previo a un mes de las elecciones regionales”.
Por eso debemos ver las cosas desde un marco general, porque ellos son diputados y dirigentes de partidos, pero la sanción que pudiesen ejecutar es de orden política y no de inhabilitar al Gobernador, porque esto corresponde es al Tribunal Supremo de Justicia”, asevero la abogada.
En este sentido la funcionaria destacó que, el actual presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Pedro Carreño, fue objeto en el pasado de una sanción política y sometido a una investigación de este mismo orden.
[Fuente: Prensa Monagas Independiente]