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La Ley Orgánica de Precios Justos no resuelve problema de escasez y se traduce en pérdida del derecho a la libertad de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, establecido en la constitución, según asegura el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice).
En un comunicado el organismo indica que «la Ley Orgánica de Precios Justos otorga amplias facultades a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio- Económicos (Sundde), entre ellas el comiso de bienes y la ocupación o cierre temporal de establecimientos, con lo cual ésta se constituirá en una superestructura, que sustituirá la libre toma de decisiones por parte de los agentes económicos en lo que a fijación y formación de precios se refiere, pues tiene entre sus funciones determinar el precio justo de los bienes y servicios, o efectuar su modificación en caso necesario, de oficio o a solicitud del interesado. Dichas atribuciones podría facilitar la proliferación de presiones, intento de captura del regulador (prevendas o favores) y actuaciones discrecionales por parte de los funcionarios».
Cedice agrega que la ley fusiona dos anteriores (Ley de Costos y Precios justos y Ley del Indepabis), y señala que durante la aplicación de estas leyes «la economía venezolana se ha visto intervenida de manera directa por los entes gubernamentales, registrándose un incremento en el índice de escasez desde 11,2% en julio de 2011 a 22,2 % en diciembre de 2013, situación que no pareciera revertirse con la promulgación de esta nueva normativa».
[Fuente: eluniversal.com]