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Para sorpresa de los venezolanos preocupados por la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable, Nicolás Maduro eliminó de un plumazo, el pasado 2 de septiembre, al Ministerio para el Ambiente, institución pionera en el mundo, fusionando sus atribuciones con las del Ministerio de la Vivienda y Hábitat.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 127,128 y 129 establece que es “una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.”
La eliminación del Ministerio para el Ambiente no parece obedecer a razones de austeridad o para mejorar el funcionamiento del Estado. Nicolás Maduro ha creado en pocos meses nuevas vicepresidencias, nuevos entes controladores de la producción y el consumo, empresas. El gasto público no ha cesado de crecer, pese a sus efectos inflacionarios.
La eliminación del Ministerio para el Ambiente es la ratificación del poco interés que en materia ambiental ha demostrado tener Nicolás Maduro. El balance en materia ambiental del presente gobierno es desolador. El deterioro de los embalses de agua por la falta de mantenimiento y la no construcción de nuevos embalses de agua potable, la grave situación de la cuenca del Lago de Valencia, la contaminación del Lago de Maracaibo, el desastre en el manejo de desechos sólidos, la falta inversiones en el tratamiento de las aguas servidas, el deterioro de los parques nacionales, conforman un cuadro bastante preocupante que está afectando la vida de los venezolanos en todo el territorio nacional.
Fusionar el Ministerio para el Ambiente con el Ministerio de la Vivienda y Hábitat, es degradar la problemática ambiental y esconderla en un rincón de la enorme estructura del Estado, fuera de la atención presidencial, de la Asamblea Nacional y de la opinión pública. Supeditar al Ministerio para el Ambiente al de la Vivienda y Hábitat es confundir roles y colocar al que regula por debajo del regulado. Las acciones de este ministerio son sujetas de permisos y regulaciones ambientales por parte del Ministerio del Ambiente, quien debe actuar como regulador para evitar que los afanes desarrollistas incontrolados afecten el ambiente, evitando sus efectos adversos o compensando sus consecuencias cuando dichas acciones sean absolutamente necesarias.
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La Mesa de la Unidad Democrática rechaza esta decisión del gobierno de Nicolás Maduro, por considerarla contraria a los intereses de los venezolanos y de las futuras generaciones, porque degrada las acciones por la protección ambiental y el desarrollo sustentable, contraviniendo a la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela en materia ambiental. Reiteramos que la defensa de los derechos ambientales debe ser una prioridad nacional porque con ella se garantiza la vida y el progreso de los venezolanos.
Fuente [Prensa Unidad Venezuela]