Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
El diputado de la Asamblea Nacional, por el estado Táchira Abelardo Díaz en representación del Partido Socialcristiano –Copei, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República que en nombre del estado venezolano proceda a demandar penalmente en instancias internacionales al gobierno de la República de Cuba por la estafa en contra de nuestra nación, por más de 170 millones de dólares, así como resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios en contra del patrimonio de la república, como consecuencia del incumplimiento del contrato para desarrollo de solución tecnológica integral, firmado en el año 2008 con la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistema, para la elaboración y suministro de las cédulas electrónicas a los venezolanos.
Recordó el parlamentario de la tolda verde que esta contratación tenía un año como lapso de duración, contado a partir de la firma del acta de inicio, de lo cual han transcurrido más de cinco años sin que hasta el momento exista respuesta alguna del gobierno cubano, ni intención de revisar esta grave situación por parte del gobierno venezolano, es decir, “a la fecha no tenemos respuesta y no sabemos qué sucedió ni con las cédulas electrónicas, ni con los dólares de la república, erogados en este contrato”.
“En dicha contratación el gobierno cubano fue representado por la Universidad de la Ciencias Informáticas (UCI), subordinada al ministerio de la informática y las comunicaciones, personificada en el ciudadano Germán Sánchez Otero, entonces embajador de Cuba en nuestro país y la empresa Albet Ingeniería y Sistema, empresa de maletín que terminó siendo una fachada del gobierno de los hermanos Castro, en cuya nómina solo tenía 10 trabajadores para la fecha de la contratación y no disponía de la capacidad técnica para cumplir con los servicios contratados, por lo que tuvieron que subcontratar para el suministro de los chips y las tarjetas de policarbonato a la empresa de capital mixto, holandesa-mexicano, Gemalto, por un monto de 40.5 millones de dólares”, señaló Abelardo Díaz.
Asimismo manifestó que esta empresa cubana solo terminó siendo una intermediaria “para quedarse con una tajada gigante de dólares por unos servicios que jamás le prestó al Estado venezolano, por lo tanto en esta época en que el gobierno venezolano asegura que liberará una lucha contra la corrupción y la defensa económica del país, se hace necesario en defensa del patrimonio de la nación, demandar el cumplimiento de dicho contrato y que nuestro país sea resarcido por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la gran estafa que ha significado, el multimillonario contrato con el gobierno cubano para la cedulación electrónica”.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
Destacó el parlamentario tachirense que los firmantes de dicho contrato en representación del gobierno venezolano, del entonces presidente Chávez fueron los hoy diputados oficialistas, Pedro Carreño en su condición de ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, y José Javier Morales como presidente de la Misión Identidad, quien además fue designado como Gerente General del Proyecto para hacerle seguimiento y control al mismo en nombre del Estado venezolano, “sin embargo paradójicamente cuando hace dos años solicité ante el parlamento nacional una investigación sobre este caso, ambos diputados negaron la misma con su voto”.
Finalizó el diputado Díaz, diciendo que “no basta tener patria si no tenemos coraje para defenderla, por ello exhortó al gobierno venezolano a defender los intereses supremos de la nación en este caso, y demandar sin más dilación, la nulidad de este contrato exigiendo el respectivo resarcimiento y ejerciendo las acciones penales contra los responsables de esta mega estafa a la nación”.
[Fuente: Prensa COPEI]