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«El daño en los equipos es en el 80 a 90 %», dijo a periodistas el jefe de la Sociedad Médica de Oncología del Hospital Luis Razetti de Caracas, Luis Martínez, antes de introducir la denuncia en la sede de la Fiscalía en Caracas.
Los equipos están distribuidos en unos 27 centros asistenciales públicos de todo el país, y según tres diputados opositores que también asistieron a la presentación de la denuncia, parte de estas fallas tienen que ver con la no renovación de un convenio de dotación y mantenimiento de esta tecnología con Argentina.
Martínez aseguró que además hay problemas en la distribución del tratamiento farmacológico contra el cáncer por causa del supuesto retardo en la entrega de divisas a la industria farmacéutica por parte del Estado, que controla la entrega de dólares en el país desde hace diez años.
«¿Quien maneja los dólares? Si el Gobierno no suelta los dólares las compañías farmacéuticas no pueden proveer de medicamentos a la población, el manejo es de ellos», dijo.
La diputada opositora Dinorah Figuera pidió «que la Fiscalía investigue el plan nacional de dotación de equipos de radioterapia y medicina nuclear, ese convenio suscrito entre Argentina y Venezuela, en el que no solo se tenía que garantizar la dotación de equipos de radioterapia sino también el mantenimiento», dijo.
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Señaló que es necesario encontrar al responsable de que no se haya firmado un contrato de mantenimiento a tiempo y conocer «quien va a indemnizar a esos pacientes que se han visto afectados».
Según Figuera hay unas 51.000 personas que viven con cáncer en Venezuela, 30 % de los cuales son niños o adolescentes, aunque no especificó qué porcentaje de estos pacientes deben recurrir al servicio público de salud.
En el informe entregado a la Fiscalía se pide «interponer las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran haber sufrido los pacientes que padecen cáncer con motivo del funcionamiento inadecuado de los servicios oncológicos de la Red Pública Nacional de Oncología».
El coordinador general de la organización de derechos humanos Provea, Marino Alvarado, dijo a periodistas que hoy se pidió a la fiscal general, Luisa Ortega, que se investigue la responsabilidad que tienen «altos funcionarios» en el fallecimiento de personas con cáncer «porque no se garantiza un adecuado tratamiento».
Alvarado reiteró que también se pidió «que se indemnice a todas aquellas víctimas a quienes se les ha agravado el padecimiento de cáncer por no tener atención adecuada de salud» y pidió a Ortega «que por favor le de carácter de urgencia a este caso».
[Fuente: informe21.com]