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Por primera vez desde el fin del estado de alarma, España tendrá restricciones coordinadas a nivel nacional para intentar frenar el covid-19. El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado este viernes el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar al aire libre, entre otras medidas que ya estaban vigentes en algunas regiones y que serán de obligado cumplimiento en todo el territorio a partir de ahora.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha abordado hoy con las comunidades la evolución del coronavirus en una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Ese órgano, en el que participan el Gobierno y las comunidades, ha acordado once medidas de siete ámbitos diferentes, según un documento al que ha tenido acceso El Confidencial.
Once medidas
Son las siguientes: cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo; la garantía de distancia social en la hostelería, que tendrán que cerrar a la una de la madrugada; la realización de pruebas PCR a los nuevos ingresos en residencias y la limitación de entradas y salidas; la necesidad de realizar una evaluación de riesgo en los eventos multitudinarios; el cribado con PCR en grupos específicos; el aumento de los controles para evitar el consumo de alcohol en la vía pública; y la prohibición de fumar al aire libre cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros.
Algunas de las medidas acordadas este viernes ya estaban en vigor en varias comunidades. Galicia fue la primera que prohibió fumar al aire libre y terrazas si no se podía mantener la distancia de seguridad. Este jueves le siguió Canarias, que también restringió la capacidad de los locales de ocio nocturno. El Gobierno y las comunidades también han pactado tres recomendaciones, como la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, que las reuniones no sean de más de 10 personas y que se realicen periódicamente pruebas PCR a los trabajadores de residencias.
«Las comunidades tienen un plazo de tiempo para trasponer estos acuerdos a su normativa autonómica», explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. «No exlcuye que puedan adoptar medidas aún más restrictivas. Esto es un mínimo, no un máximo».
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«Hemos decidido adoptar por primera vez actuaciones coordinadas en materia de salud pública», apuntó Illa. Es un instrumento que recoge que recoge la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que el Gobierno modificó con una disposición adicional del decreto de nueva normalidad.
El ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19’ aprobado hace un mes recoge tres niveles de actuación. En el primero, son las comunidades las únicas que deciden cómo gestionan la situación. Esa ha sido la situación desde que decayó el estado de alarma. En el segundo se pueden adoptar «actuaciones coordinadas en salud pública» que afecten a más de una región. El tercero es el estado de alarma, que el Gobierno aún no se plantea decretar.
«Corresponderá su declaración al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del CISNS y con audiencia de las comunidades directamente afectadas», recoge el plan de respuesta temprana. «La declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las comunidades autónomas incluidas en ella y para su realización podrá acudirse a una serie de mecanismos, entre los que se encuentran la activación o diseño de planes y las estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias».
