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Como una situación crítica y caótica calificó el presidente de la Cámara de Industriales, Eduardo Cabré, la situación que enfrentan los empresarios y comerciantes del país con la puesta en marcha de la Ley de Costos y Precios Justos.
El proceso de registro de las empresas que comercializan o distribuyen los 19 productos regulados por el Estado, se convirtió en un proceso difícil y engorroso, debido al colapso del sistema en línea diseñado por la Superintendencia nacional.
Al respecto, Eduardo Cabré, señaló que desde Conindustria se hicieron todos los esfuerzos posibles para lograr una prórroga, la cual no fue concedida. “Se siguen haciendo todos los esfuerzos, pues no se trata de una o dos empresas, sino de centenares de establecimientos empresariales involucrados”.
Al menos 35 mil empresas debieron registrarse antes del 7 de diciembre, y aquellas que no lograran hacerlo serán sometidas a sanciones de 15 mil salarios mínimos, unos 23 mil bolívares fuertes. “Era de esperarse que muchas empresas no lograran inscribirse, sobretodo por los problemas técnicos de la página web. No es la primera vez que esa respuesta logística falla, pero lamentablemente a nadie le aceptan eso como argumento para no cumplir con la norma”.
Absoluta confusión
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El ambiente que percibe la Cámara de Industriales entre sus afiliados, es de absoluta confusión. “En nuestro caso, Conindustria ha sido particularmente consecuente, hemos hecho peticiones, solicitudes, porque el gran afectado será el consumidor”.
El dirigente empresarial instó a las autoridades oficiales, a revisar el impacto que la nueva normativa ha generado en el mercado nacional. “Siempre hemos buscado el diálogo. Se han planteado actividades de protesta, pero nuestra posición se orienta al diálogo antes que a la confrontación”.