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Pendientes de la recta final de las elecciones presidenciales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los negociadores del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, retomaron ayer las conversaciones de paz en La Habana, centrados en cómo resarcir a decenas de miles de víctimas del conflicto bélico que sacude a ese país desde hace medio siglo.
Antes de recomenzar el vigésimo sexto ciclo de pláticas, el jefe de la delegación rebelde, Humberto de la Calle, dijo que busca mediante las negociaciones «sentar las bases de lo que será el futuro de las FARC al transformarse, de una organización armada ilegal a un movimiento político sin armas».
El otro gran objetivo, puntualizó, es lograr un acuerdo general «sobre el fin del combustible de la guerra, como es el narcotráfico» —al respecto las partes llegaron a un acuerdo parcial en la ronda anterior—, aunque ahora, acotó, el tema a debatir está referido a «cómo resarcir a las víctimas» del conflicto.
«No hemos venido a negociar sus derechos, sino a acordar cómo el gobierno y las FARC les responden de la mejor manera. Cómo satisfacemos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y aseguramos de que el dolor y la tragedia que vivieron no se vuelvan a repetir», puntualizó el jefe rebelde.
De la Calle, a su vez, hizo una breve referencia a las elecciones presidenciales en Colombia al afirmar que sabía que «el proceso no iba a ser fácil», aunque destacó que las negociaciones prosiguen pese a la fuerte competencia que enfrenta el presidente Santos para lograr su reelección ante el el candidato de derecha radical, Óscar Zuluaga, fuerte crítico de las conversaciones en Cuba.
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En 18 meses de negociaciones, ambas partes han consensuado tres de los seis puntos de la agenda: reforma rural, participación política y drogas ilícitas.
De acuerdo con datos del informe Basta ya. Colombia: Memorias de guerra y dignidad», publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el conflicto más longevo de América Latina ha generado unos seis millones de víctimas en el país, de las cuales la mayoría, 5.71 millones, corresponden a casos de desplazamiento forzado.
También se documentaron 220 mil asesinatos, más de 25 mil desaparecidos y 27 mil secuestros, además de otros episodios de violencia como masacres campesinas , ataques sexuales y reclutamiento forzado.
Fuente [Milenio.com]