Human Rights Foundation condena represión de tuiteros en Venezuela

Human Rights Foundation (HRF) condena enérgicamente las acciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), en colusión con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que llevaron a la detención arbitraria y encarcelamiento de ocho usuarios de Twitter entre septiembre y octubre de 2014.

Investigaciones periodísticas recientes demostraron que William Castillo, director de CONATEL, entregó varios reportes de inteligencia al general Gustavo Enrique González López, director del SEBIN y actual ministro del interior, con la finalidad de identificar, localizar y arrestar a ocho personas que tuiteaban de manera crítica contra el gobierno venezolano. Cinco de ellos continúan en prisión, encerrados en calabozos del SEBIN a la espera de juicio.

“Estos hombres y mujeres no son activistas reconocidos o candidatos políticos; son venezolanos comunes que simplemente se atrevieron a expresar sus ideas en las redes sociales, y por ello, terminaron siendo el objetivo de la maquinaria represiva del gobierno venezolano. Debería liberárseles inmediatamente, pero hay pocas probabilidades de que esto suceda en un país en el que no existe independencia del poder judicial. La única esperanza de conseguir su liberación está en ejercer presión internacional constante y exponer sus casos públicamente”, dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF. “Estos casos muestran claramente la pesadilla orwelliana que vive Venezuela desde hace más de una década. Existen innumerables ejemplos: cargos criminales por vestir una camiseta de Bart Simpson criticando a Chávez; tortura de estudiantes por participar en manifestaciones pacíficas; y, en este caso, detenciones y encarcelamientos arbitrarios en calabozos lúgubres por tuitear en contra del régimen de Nicolás Maduro”, dijo Halvorssen.

Según reveló una investigación independiente publicada la semana pasada, en junio de 2014, el director de CONATEL envió varios reportes de inteligencia al director del SEBIN sobre las cuentas de Twitter asociadas con Abraham Muñoz, Daniely Benítez, Inés González, Leonel Sánchez Camero, Lessi Marcano, Ginette Marcano (sobrina de Lessi Marcano), María Contreras y Víctor Ugas. Los reportes incluían información específica sobre los sitios web que habían visitado, sus direcciones de IP, análisis de tráfico web, nuevos seguidores por mes y la ubicación física de los servidores. Posteriormente, los reportes fueron utilizados por la fiscalía venezolana para acusar a los tuiteros por los delitos de “instigación al odio”, “conspiración”, “ultraje” y “espionaje”, entre otros. Algunos de los tuits contenían frases insultando y satirizando a funcionarios públicos, y llamando en algunos casos a la desobediencia civil. Antes de ser arrestados, varios de los tuiteros habían logrado crear una base de seguidores que llegaba a las decenas de miles de usuarios.

De acuerdo a la investigación y a otras fuentes, Víctor Ugas fue arrestado por tuitear una fotografía del fallecido congresista Robert Serra en la morgue; Inés González fue arrestada por tuitear comentarios como “Robert Serra no era un ser humano, era un criminal que comandaba colectivos del terror y armaba niños…”, y “¿cómo van a repudiar el asesinato de un malandro comunista que repartía armas a los niños del [barrio] 23 de Enero?”; Lessi Marcano, quien administraba la cuenta @hiipolita destinada a predecir el futuro, leer el tarot, compartir mensajes religiosos y comentar la situación política de Venezuela, fue arrestado por tuitear —una semana antes de la muerte de Serra— “[¡]la asamblea nacional estará de luto!”; Ginette Marcano y Daniely Benítez fueron arrestadas por supuestamente ser administradoras de la cuenta de Twitter asociada a Lessi Marcano; y Leonel Sánchez Camero fue arrestado por supuestamente hackear las cuentas de Twitter asociadas con Jacqueline Farías, ministra de comunicaciones, y Eduardo Lima, diputado del PSUV.

A la fecha, cinco de los ocho detenidos aún se encuentran en El Helicoide, sede del SEBIN y lugar donde muchos exprisioneros políticos —como el líder de la oposición Henrique Capriles y el exgobernador Oswaldo Álvarez Paz— fueron detenidos, y donde el exalcalde Daniel Ceballos aún se encuentra encarcelado. Los calabozos del SEBIN —cinco pisos bajo tierra— han adquirido fama internacional porque carecen de acceso a la luz solar, tienen camas de cemento, carecen de fuentes de agua potable y se mantienen a muy bajas temperaturas.

“Los amplios e imprecisos cargos por ‘instigación al odio’ y ‘ultraje’ utilizados por el gobierno venezolano en contra de personas por sus actividades en Twitter, son típicos del patrón de abuso a cargo de regímenes autoritarios alrededor del mundo en contra de ciudadanos respetuosos de la ley que se atreven a criticar a su gobierno; desde Cuba hasta China, pasando por Suazilandia y Arabia Saudita”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF.

“Pese a que el gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace tres años, el Estado venezolano continúa violando de manera sistemática el derecho a la libre expresión contenido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela es Estado Parte. La detención arbitraria de estos usuarios de Twitter es un hecho internacionalmente ilícito, por lo que los cargos contra ellos deberían ser desestimados”, dijo El-Hage.

HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas. HRF centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad.

Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y de asociación con personas de ideas afines.

Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener, asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura, y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El trabajo de HRF se funda en el principio de la no violencia.

El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por prestigiosos activistas de derechos humanos, tales como George Ayittey, Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Elie Wiesel y Harry Wu.

Fuente: [Nota de Prensa]