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El gobierno de Brasil lanzó ayer un paquete anticorrupción, tras el estallido de un escándalo de sobornos en la estatal Petrobras que desató protestas masivas y derrumbó a 13% la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff.
La mandataria no ha tenido tregua desde que inició su segundo mandato en enero con un escenario económico negativo. Es asediada por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera, que tiene a decenas de legisladores bajo investigación, muchos de ellos aliados de su gobierno en el Congreso o incluso de su propio partido.
En un intento por recuperar el dominio de la agenda política, tres días después de que 1,7 millón de brasileños salieran a las calles a reclamar el fin de la impunidad y hasta un impeachment (destitución) de Rousseff, el gobierno buscó ponerse al frente del combate contra los delitos cometidos en la función pública.
“Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la corrupción”, dijo la presidente en un acto en Brasilia, donde reconoció públicamente esa demanda de la sociedad. “Es coherente con mi vida personal y con mi actuación política”, añadió.
Analistas apuntan que el retroceso agudo del apoyo a Rousseff, reelecta en octubre, y la falta de la tradicional “luna de miel” de los gobiernos recién ungidos, obedece a la convergencia de una economía deteriorada, al destape de la confabulación que se enquistó en la empresa que era el orgullo nacional y a un aislamiento de la mandataria.
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Ayer, el sondeo mensual de Datafolha, uno de los más seguidos en Brasil, mostró que la aprobación de su gestión se desplomó 10 puntos a 13% y el rechazo a su gobierno trepó al 62%. Ese nivel de reprobación es el “más alto de un mandatario desde setiembre de 1992, en vísperas del impeachment del entonces presidente Fernando Collor”, apuntó el diario Folha de San Pablo que publica la encuesta.
Collor renunció a la presidencia de Brasil poco después de que se iniciara una marea para enjuiciarlo.
En respuesta a las movilizaciones del domingo, Rousseff planteó el lunes que su gobierno tenía “la obligación de abrir el diálogo”.
Fuente [Losandes.com.ar]