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En nueve meses de ejercicio del poder, Nicolás Maduro ha acelerado el retroceso de Venezuela y de las condiciones de vida de nuestro pueblo en todos los órdenes: en lo político, lo social y lo económico. Y ante la evidencia de su monumental fracaso, la tentación del gobierno es cerrar todos los espacios que permitan a los venezolanos estar cabalmente informados del rumbo incierto que lleva la nación y expresar su descontento.
Un régimen que desde sus inicios ha mostrado su falta de escrúpulos para vulnerar, cercar o desconocer preciados derechos humanos, y entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la información, ahora acentúa esa tendencia cebándose cada día más en la persecución contra medios de comunicación y periodistas. Maduro no tolera que los periodistas informen de su fracaso económico ni basándose en las propias cifras del Banco Central de Venezuela y PDVSA.
En el caso de los profesionales del periodismo, el discurso presidencial y la impunidad otorgan a los integrantes de su tolda política, efectivos policiales, militares y a sus grupos paramilitares una oprobiosa patente de corso, de la que se valen para ejercer agresiones cada más vez más infamantes y más humillantes contra los reporteros de medios independientes, como se ha visto en los recientes caso de los periodistas Jorge Santos, Eliscart Ramos y Dayana Escalona, del Diario 2001; Humberto Escobar, Secretario General del CNP en Bolívar; la periodista Karolina Olivo junto al camarógrafo Rodolfo Urbina de la televisora HCTV en Apure; un fotógrafo del diario Panorama golpeado y encarcelado por varias horas en Zulia; la salvaje golpiza propinada a la periodista Eleida Briceño, del Diario El Tiempo, y al foto reportero Alberto Díaz de la redacción de Nueva Prensa de Oriente, en Anzoátegui y la detención ilegal y trato vejatorio al periodista Luis Guillermo Carvajal, de DAT TV y directivo del CNP-Carabobo. Incluso un periodista extranjero, Jim Wyss, (The Miami Herald), fue objeto de atropellos y encarcelamiento.
A esos jóvenes trabajadores no sólo se les ha impedido el acceso a las fuentes de información y el ejercicio libre de su profesión, sino que al ser objeto de vejámenes verbales y físicos también se les han violado sus derechos humanos. A veces la agresión física ha ido acompañada del despojo del material informativo y de sus equipos de trabajo. Tales atropellos han merecido condena y repudio dentro y fuera de Venezuela. No podía ser de otra forma.
Otra línea de acción, no menos detestable, son las presiones que cada vez más hace Maduro en persona llamando a los poderes del Estado a actuar contra medios y periodistas a los que expone al escarnio o exigiendo a dueños de medios la salida de profesionales de reconocida solvencia profesional y ética, como acaba de ocurrir con el Director del Mundo, licenciado Omar Lugo, por atreverse a ejercer un periodismo que, con equilibrio y objetividad, desnudaba la farsa de los artificios económicos del gobierno.
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Si difícil y extremadamente riesgoso se ha tornado el ejercicio de su profesión para los periodistas venezolanos, no menos tortuosa es la ruta que desde hace años vienen recorriendo las empresas comunicacionales donde trabajan. Los medios son discriminados en lo informativo y en la asignación de pautas económicas oficiales; han sido amenazados y castigados una y otra vez con injustificables y desproporcionadas sanciones pecuniarias. Lamentablemente, mucho nos tememos que el derrumbe de la economía, lo que ha recibido un nuevo envión con los ataques del gobierno de Maduro contra la red comercial del país, tendrá perniciosos efectos sobre los ya bastante menguados ingresos publicitarios de estos medios.
Mención particular merecen las restricciones a la importación de papel periódico, lo cual ha ocasionado la reducción de la circulación de algunos, otros recortan contenidos o han tenido que recurrir al intercambio para poder seguir circulando.
Ante esta preocupante cuadro para la libertad de expresión y el derecho a la información, bases de la pluralidad informativa y de las libertades en toda nación democrática, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), máxima representación gremial de los periodistas venezolanos, realizó ayer protesta de calle en sus seccionales de todos los estados del país para levantar su voz contra las agresiones, la censura y las pretensiones de instaurar en Venezuela una hegemonía comunicacional.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) expresa su reconocimiento y respeto a los periodistas venezolanos y al CNP como su organismo representativo por su lucha permanente por la libertad de expresión y les manifiesta su seguridad en que todo el país les agradece sus esfuerzos informativos en la búsqueda de la verdad y les acompaña solidariamente.
[Fuente: Prensa Unidad Venezuela]