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Que un oficial general del ejército venezolano forjador de libertades, heredero de las glorias de la Pléyade de Libertadores y héroes que nos legaron la independencia se involucren en un mundo tan execrable como los es el narcotráfico, es una de las cosas mas intolerables, indignantes, vergonzosas y detestables que pueda llegar a conocer un ciudadano de cualquier nación que haya conocido la épica lucha que a partir de 1810 y hasta 1821 se vivió en la Tierra de Gracia, el paraíso terrenal descubierto por el almirante de la Mar Océano Don Cristóbal Colón en 1498.
Quisiera hacerle llegar por esta vía a la diputada María Corina Machado, digna heredera de la estirpe de Luisa Cáceres de Arismendi, Eulalia Ramos Sánchez de Chamberlain, María Antonia Bolívar, Juana Ramírez, Ana María Campos; y otras tantas mujeres venezolanas, que en al igual que el admirado Alcalde Mayor del Área Metropolitana de Caracas, el Dr. Antonio Ledezma, émulo del famoso héroe griego Aquiles, el de los pies ligeros y a mi respetadísimo y admirado Leopoldo López Mendoza, hombre admirable que esta haciendo un sacrificio supremo, por la libertad de Venezuela y el rescate de la democracia en el ejercicio de lo poderes públicos, quienes están proponiéndole al pueblo de Venezuela que convoque nuevamente una Constituyente Originaria, reitero quiero proponerles a este trío de guerreros por la libertad, se incluya en el proyecto de nueva constitución que se instituya la pena de muerte con previa degradación deshonrosa para todo aquel oficial de nuestra Fuerzas Armadas a que se le compruebe fehacientemente e indubitablemente su involucramiento en delitos detestables como tráfico de narcóticos y estupefacientes, secuestro, robo, así como cooperación con grupos narcoterroristas extranjeros o nacionales. Simulación de actos terroristas inculpar a altos militares o civiles, sicariato y cualquier otra acción descaradamente de la función militar.
Es un asunto de importancia que rescatemos el respeto que los ciudadanos deben tener por la función pública, instituir en ley el decreto del Libertador Simón Bolívar contra la corrupción es vital. Quien quiera enriquecerse que lo haga desde el sector privado, sin profanar el sagrado ejercicio de la función pública.
Por ahora es vital que instituyamos la pena de fusilamiento con degradación deshonrosa e incautamiento de todos sus bienes a los narcos-generales.
Por Jorge Ramírez Fernández