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La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, negó que el Consejo Universitario haya desacatado la sentencia del 10 de agosto de 2011 del Tribunal Supremo de Justicia, referente a las elecciones internas. "Nosotros hemos actuado al lado de la Ley, de nuestros reglamentos y de la Constitución; estamos al servicio de la universidad y del país y nos debemos a nuestra autonomía", dijo.
"Cuando llega la decisión nosotros efectuamos las acciones que nos correspondía y el día 8 de febrero nosotros informamos al Consejo Universitario lo que contemplaba la sentencia y designamos una comisión, que se mantiene vigente, para que estudiara los efectos de la sentencia", explicó entrevistada en Unión Radio.
Aseveró que la UCV nunca se ha negado a discutir una mejor manera de participación entre los sectores que forman parte de la vida de la universidad. En tal sentido, invocó a la Carta Magna que le da rango constitucional a la autonomía universitaria. "Nosotros hemos actuado al lado y con nuestra autonomía”, enfatizó .
Recordó que en la casa de estudios superiores existe autonomía de poderes. Por eso, la Comisión Electoral toma su decisión de convocar "legítimamente y con la autonomía que nos corresponde" las elecciones rectorales debido a que el período vence el 20 de junio del presente año.
Además, resaltó que se convocaron las elecciones apoyados en la Ley de Universidades vigente. "¿Acaso se nos olvidó que el presidente vetó la Ley de Universidades el 4 de enero de 2011, donde existía el llamado al voto igualitario?", se preguntó.
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A su juicio, quien está en desacato es la Asamblea Nacional, alegando que le dieron un año para que estableciera e hiciera las discusiones pertinentes a la nueva Ley y "no lo ha hecho, por lo tanto la única ley vigente es la del año 70 con sus reglamentos".
"En la universidad se discute, a nosotros nadie nos ordena nada, somos autónomos, ¿Cómo nos van a ordenar de qué forma vamos a ir a elecciones y en cuántos días vamos a producir un nuevo reglamento?", señalando como injusta la multa interpuesta por un monto de 432 mil bolívares.