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El Gobierno da por hecho que la sangría económica no cesará hasta el año 2023. Ha sido en ese punto en el que Pedro Sánchez ha fijado el horizonte para que el Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo recuperen los niveles previos al estallido de la crisis del coronavirus en España. «Estamos en condiciones de recuperarnos en los próximos dos años. Comenzar 2023 mejor de lo que estábamos», ha expresado el presidente del Gobierno en su rueda de prensa de este sábado.
En su intervención, Sánchez ha anunciado también la creación de un «fondo no reembolsable» financiado con 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas. Ha detallado que se tratará de 10.000 millones en gasto sanitario, 5.000 millones para compensar la caída de la actividad económica y otros 1.000 millones en materia de gasto social.
El presidente ha descartado que la dura situación económica pueda hacer tambalearse la estabilidad del Gobierno: «Tenemos cuatro años de legislatura por delante para reconstruir nuestro país».
Esta semana, el Ejecutivo admitió en las previsiones macroeconómicas enviadas a Bruselas que el PIB español caerá el 9,2% en 2020 y que el paro puede dispararse hasta los 4,5 millones de desempleados. Otros organismos independientes han pronosticado caídas mayores. En el primer trimestre del año la economía española ya se contrajo un 5,2%, teniendo en cuenta únicamente las primeras semanas del estado de alarma.
Ante ese escenario, Sánchez ha abogado por una «recuperación sólida, sostenida en el tiempo y que no deje a nadie atrás». Sobre las recetas, ha mantenido el mismo discurso que desde el inicio de la crisis: Europa, diálogo social y unidad política.
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«Lo vamos a lograr si nos unimos todos y remamos juntas todas las administraciones, todos los agentes sociales y todos los partidos políticos», ha recalcado entre menciones recurrentes al «pacto de reconstrucción», circunscrito de momento a una comisión en el Congreso.
En este sentido, también ha llamado a los grupos parlamentarios a apoyar el estado de alarma, que se tambalea sin el hipotético apoyo del PNV y de ERC. «No hay plan B», ha asegurado, subrayando que es la vigencia del estado de alarma lo que sustenta la mayoría de las prestaciones sociales aprobadas en las últimas semanas.
Para salvar ese escollo, Sánchez ha planteado un escenario de «co gobernanza» de la situación en autonomías como Cataluña o País Vasco que han expresado su rechazo a la actual aplicación del estado de alarma, que consideran un instrumento de centralización. No ha detallado cómo.
