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La aventura de bucear en la música online legal sin cuotas ni suscripciones está llegando a su fin. Al menos eso es lo que se desprende de las recientes declaraciones de varios peces gordos del negocio, que aseguran que ha llegado la hora de cobrar por cada reproducción en «streaming». Hasta ahora, uno se libraba de pagar a cambio de soportar publicidad (y así lo hace uno de cada cuatro usuarios de Spotify), pero la idea que se está cociendo es plantear un escenario que termine conminando a todo el mundo a apoquinar religiosamente por escuchar a sus artistas favoritos, y así aspirar a tener unos 500 millones de usuarios suscritos de aquí a diez años.
Así lo ha calculado Marc Geiger, capitoste de la todopoderosa William Morris Entertainment (agencia artística de Lady Gaga o Adele, entre otros). «Tal cartera de clientes, con una cuota media de diez euros mensuales, proporcionaría a la industria unos 60.000 millones al año. Eso es el santo grial, es el nirvana», aseguró excitado en el últimoMarché International du Disque et de l’Édition Musicale (MIDEM), una de las convenciones más importantes del sector.
La artista estadounidense Taylor Swift vetó la publicación de su último disco en Spotify
En 2010 los portales de descarga ilegal (o por entonces quizá alegal) y de intercambio «peer-to-peer» (eMule, Soulseek, Kazaa, Megaupload, etc…) funcionaban a pleno rendimiento para desesperación de las compañías discográficas. Entonces llegó Spotify, poco a poco los internautas fueron habituándose a la comodidad del acceso gratuito a contenidos casi ilimitados y sin necesidad de almacenamiento, y las descargas ilegales comenzaron a desacelerar. No tardó en surgir un nuevo problema: sólo el 25% de los usuarios pagaba la versión Premium (sin publicidad), así que esta compañía de «streaming» legal no generaba dinero, o al menos no el suficiente para satisfacer a los creadores. Pero no había alternativa: era eso o lapiratería.
Sin embargo, cuatro años después, si a los consumidores se les exigiese una cuota mensual razonable muchos pasarían por el aro porque ya se han «quitado» del «downloading», y han adquirido una gran dependencia de Spotify o Deezer, que se han ido haciendo cada vez más prácticos y más acertados en sus prescripciones. Además, algunos de los antiguos portales piratas han menguado su capacidad o han desaparecido, otros han sido cerrados por orden judicial (el último en llevarse un palo en los tribunales ha sido Grooveshark) y la mayoría son difíciles de usar o incluso una fuente constante de «fakes», virus y «malwares». Demasiado lento e incómodo. Es este cúmulo de factores el que está haciendo que algunos popes de la industria piensen que los planetas empiezan a alinearse a su favor.
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El terremoto Swift
Numerosos artistas se han quejado públicamente de las retribuciones que ofrece Spotify, unos 0,006 euros de media por reproducción, menor aún si la escucha procede de un usuario «free». Taylor Swift ha ido más allá y ha vetado la publicación de su nuevo disco en el portal sueco, y aunque no ha sido la primera en hacerlo, sí ha sido la única que ha generado algo más que meros comentarios, desencadenando un verdadero terremoto al exclamar que «la era de la música gratis tiene que acabar ya».
La primera reacción de peso ha llegado desde Sony Music, cuyo jefe financiero ha asegurado que la multinacional «ha empezado a revisar su relación con los servicios de ‘streaming’ gratuito a raíz de este hecho». Sin amenazar con retirar su catálogo de forma inmediata -como amagó con hacer Warner en 2010, cuando no era el momento adecuado para semejante órdago, sí está planteando claramente un nuevo panorama de negociación, probablemente a sabiendas de que también Universal ya está urgiendo a los servicios de «streaming» a que aceleren el fin del acceso gratuito.
¿Cómo se consigue esto? Primero, presionando para que aumente la publicidad: algo que los usuarios no Premium ya han notado durante el último año, y que previsiblemente llegará hasta niveles irritantes que animen al desembolso. Y segundo, cortando el grifo siguiendo la nueva vieja bandera de que la música no es gratis, enarbolada por Swift y otros artistas. «El ‘streaming’ gratuito es como matar elefantes para quitarles el marfil», ha declarado en su apoyo Tome DeLonge, del grupo superventas Blink-182.
En Spotify están más que acostumbrados a escuchar feroces críticas de los artistas, pero lo que quizá no esperaban es la puya de Ethan Rudin, director financiero de otro servicio de «streaming», Rhapsody, al ser preguntado por el caso Swift: «Es que ella tiene toda la razón. Seguir lanzando la idea de que la música es gratis es un error de tremendas consecuencias culturales». De hecho, su portal, lanzado en alianza con Napster, sólo funciona con modalidad de pago, igual que los inminentes competidores YouTube Music Key de Google, o Beats de Apple. Spotify se está quedando solo, a falta de conocer cuál será la estrategia de Deezer.
Frente común
Hasta hace bien poco, los autores de los contenidos estaban completamente descolocados con este asunto. No conocían a fondo las condiciones de las licencias de «streaming», y no sabían cómo organizarse para hacer valer su posición. Pero hace un mes, el Consejo Internacional de Creadores de Música (CIAM), con el apoyo de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), presentó en Nashville el informe definitivo al respecto, titulado «Una remuneración justa para los creadores de música en la era digital».
El documento, además de resaltar la falta de transparencia en el proceso de negociación entre sellos y plataformas de «streaming», concluye que estas «infravaloran la labor de los titulares de derechos, que deberían recibir al menos el 80% de los beneficios de estos negocios». Esto supondría una radical reestructuración del reparto, ya que los autores «ahora reciben sólo un 10% de los ingresos por la difusión de su obra, mientras que sus discográficas perciben entre un 50 y un 60%».
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En definitiva, a Spotify, una empresa que aún sigue arrojando balances negativos (80 millones de dólares de pérdida neta el año pasado), se le abren demasiados frentes y quizá su fuerza negociadora esté a la baja, para horror de los 38 millones de usuarios que, por ahora, prefieren ahorrarse los cuartos y soportar la publicidad. Dos grandes dilemas están a la vuelta de la esquina: ¿los usuarios pagarán o volverán a la piratería? ¿se les planteará a sus compañías telefónicas asumir parte de ese gasto?
Fuente [Abc.es]