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Será una suerte de silenciador o un trabalenguas desdeñable. No existirá ni un ápice de piedad para señalar al que se considere más taimado, con más dotes de líder; también para terminar de amordazar a los medios o sacar del rumbo a la fracción más popular. Una ley contra el odio, impulsada con odio para acallar a quien critique el odio sembrado por el régimen.
Podría ser parte de la triquiñuela infalible que siempre se entrega como por capítulos, para generar terror, confusión y derrota en la gente y en una oposición que ya tiene a varios de sus representantes como trotamundos en un exilio impuesto a trompicones.
Fue aprobada por esa Asamblea Nacional Constituyente extraviada de argumentos, pero robusta para ir en contrasentido del buen criterio y los valores democráticos. La han presentado como el estamento perfecto para inventarles delitos a los contendientes y dejar claro que este gobierno se sigue desenvolviendo a sus anchas y no existe alguna posibilidad de independencia de poderes, pues escribe la ley sobre la base de sus perturbados razonamientos.
Su nombre suena de una forma tan burlesca e insólita, como peligrosa y devastadora: “Ley contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.
Entre la bruma de sus propias intenciones está la de eliminar organizaciones y partidos políticos sin ton ni son, carentes como de costumbre del buen juicio para sus acciones endiabladas. En su método insalubre está la de castigar hasta con 20 años de prisión, a quien lleve esos mensajes de antipatía por un gobierno que no posee el más esencial sentido de la pluralidad.
Los policías y militares también son arrasados por esta normativa insufrible. Si no persiguen a los propiciadores del odio, recibirán su dosis de calabozo, pues debe evitarse, según este método castigador, ese fascismo enloquecido a toda costa. Importan poco las cifras trastornadas del hampa o cualquier incidente inefable en la atribulada Venezuela del siglo 21, lo fundamental es enmudecer y detener a aquel que ose mostrar su aborrecimiento por la situación de una nación cayéndose a pedazos.
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En el submundo estrafalario de esta ley acuñada para la arbitrariedad, se va igualmente contra los pocos dueños de los medios de comunicación que quedan. Éstos podrían recibir una sanción de cuatro por ciento de sus ingresos fiscales brutos, si medio asoman un mensajito insano que genere en la colectividad, esa antipatía desmesurada por un país donde sobra el hambre y el desaliento.
De igual modo, las redes sociales y medios electrónicos deberán poner mutis a sus frases de desvergüenza y cinismo contra el paraíso imperturbable de la nación. De nada servirá la ampliación de los caracteres en el twitter o cambiar la IP al computador. Se debe entender que poco importa la libertad de expresión, pues primero está la paz en las calles y la hegemonía inmutable de este régimen para el olvido.
Entretanto, el diputado Armando Armas, más esclarecido que temeroso, definió en una frase toda la saña de esta ley insípida y perversa: “es un manual de procedimientos para la represión”. Sin contar con el vaticinio terminante del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, quien avizora que con la ley van a ser clausurados los últimos espacios libres en nuestro territorio, como han sido las redes sociales.
Seré merecedor del claustro más perverso por promover el odio al hígado encebollado o quizá, en mis redacciones más o menos certeras, sufrir una penitencia inimaginable. Gracias al cielo doy por tener una placentera relación con mi esposa, pues en estos tiempos de constituyentes infames, ahora no se puede amar y odiar con libertad.
MgS. José Luis Zambrano Padauy
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