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La primera sesión del examen a Venezuela sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejó importantes interrogantes sin responder por parte del Gobierno Nacional.
La representación estatal la encabezaron el ministro para la Planificación y vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez; Rubén Darío Molina, director de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Venezuela; Gladys Requena, ministra para la Mujer; y Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
La evaluación es hecha por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). Entre las preguntas al Estado hubo énfasis en el tema de derechos humanos, lucha contra la corrupción, acceso a la información pública, inflación, sicariato sindical, desabastecimiento de medicamentos y escasez de alimentos, interrogantes cuyas respuestas quedaron para la sesión de hoy.
La crisis económica actual del país se hizo sentir en las preguntas de los comisionados, basadas en el informe presentado por el Estado e informaciones de la sociedad civil, donde cuestionaron las estrategias de Venezuela para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos e insumos, así como dar razones sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria pública y falta de personal médico.
Las largas colas por la escasez de alimentos tampoco pasó desapercibida para la ONG, al interrogar sobre el impacto real de la expropiación de 3.6 millones de hectáreas de tierras para garantizar el derecho a la alimentación.
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Esta pregunta, así como las relacionadas con la compatibilidad entre la educación primaria y secundaria con la ideologización, cumplimiento de las metas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y datos sobre el trabajo infantil y niños en situación de calle quedan pendientes por responder en la siguiente sesión, para que el 22 de junio el comité presente las conclusiones finales y sus respectivas recomendaciones al Estado.
Varios de los datos presentados por la delegación venezolana en su informe remitido a la ONU resultan difíciles de verificar, dado la poca actualización y suministro de información en los portales oficiales, razón por la cual las medidas sobre la garantía al acceso a la información pública, también formó parte de la ronda de preguntas.
Proyecto en DD HH
La delegación venezolana respondió sobre los indicadores de DD HH sustentándose en un proyecto en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Políticas Públicas de DD HH del Mercosur, denominado Diseño e Implementación del Sistema Nacional de Seguimiento a los Instrumentos Internos en materia de DD HH.
No obstante, mientras destacaron lo que consideran un avance en DD HH, la ministra Requena admitió que el debate sobre los derechos de la comunidad sexodiversa es materia pendiente en Venezuela.
Por otra parte, Requena destacó la inclusión de la mujer en los poderes del Estado, 50 tribunales para combatir la violencia contra la mujer, y comités de igualdad de género.
Lo que han denominado como “guerra económica” y su relación con las posibles limitaciones para el derecho a la huelga, acciones que han puesto al Gobierno venezolano en el ojo del huracán, tras las detenciones arbitrarias y maltrato durante las manifestaciones de 2014, deben ser respondidas durante la sesión de hoy.
La independencia de los poderes públicos fue otro de los cuestionamientos que realizaron comisionados de la ONU. Devoe se limitó a expresar que “como institución autónoma e independiente, es la que debe avanzar en el marco de su proceso de acreditación y suministrar mayor información a este comité sobre los resultados de esa actividad”.
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Corrupción y sicariato
Pese a la existencia de una Ley Anticorrupción el comité del Pidesc quiso conocer sobre las estrategias y medidas del Estado venezolano no solo en cuanto a la lucha contra la corrupción, pues también solicitó datos concretos sobre resultados positivos y protección para el denunciante, incluyendo periodistas.
A esto se le suma temas de suma importancia como el asesinato sindical, sustentado en los asesinatos durante 2014, donde el estado Bolívar no ha sido ajeno a esta realidad, pidiendo respuestas al Estado sobre las medidas y las investigaciones que se desarrollan para atacar el problema.
El comité solicita además conocer los indicadores para el cálculo del incremento salarial, los indicadores y la protección social a los trabajadores, así como la protección de derechos sociales ante la disminución del precio del petróleo. El ministro Menéndez expuso que los ingresos en Venezuela disminuyeron en un 60% en los últimos años, mismo porcentaje en el que se ubica la inflación actualmente.
Fuente: [Correodelcaroni.com]