“Venezuela frente a un abismo….”; por María Auxiliadora Dubuc

“Venezuela frente a un abismo….”; por @mauxi1

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Este domingo 30 de julio, tres meses después del llamado de Nicolás, Venezuela elegirá a los miembros de la ANC, en una contienda que tiene un 90% de rechazo ciudadano, en la que la coalición opositora no participa porque se trata de un fraude constitucional y una estrategia para perpetuarse en el poder.

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Nos encontramos entonces a escasos días de este proceso electoral, en un marco de protestas a nivel nacional, huelga, paro, y tranques, sin embargo, de acuerdo con la rectora Tibysay Lucena, todo marcha viento en popa. Cronograma electoral, despliegue del Plan República, 95% de los centros de votación listos, culminó con éxito la producción de las 30.431 máquinas de votación, se realizó la capacitación del 100% del personal técnico, se encuentra operativo el Centro Nacional de Soporte con 643 personas y el Centro de Atención Rápida con 440 operadores, de las 8 auditorías previstas se ejecutaron tres con éxito, dos están en desarrollo y las otras tres están por realizarse, la instalación de las mesas será el 28 de julio, de modo que a las 6 de la mañana del domingo, el punto la plataforma tecnológica y el sistema electoral estarán dispuestos para que los venezolanos se expresen.

Con una celeridad impactante, el CNE respondió en 14 días la solicitud presentada por Nicolás, revisó las bases comiciales del proceso constituyente y en 10 días 19.786 inscripciones para el sector territorial y 35.438 postulaciones para el sectorial, a pesar que tardó un mes y cinco días para admitir la solicitud de revocatorio presentado en 2016 por la oposición y demoró cuatro meses para verificar 399.000 firmas.

Tres días después de realizada la consulta popular del 16 de julio convocada por la Asamblea Nacional, que no contó con la organización del ente electoral, Tibisay anuncia nuevas medidas que se sumaron a las bases comiciales aprobadas, medidas que definió como inusuales “porque estamos viviendo tiempos de violencia en el país”. En este sentido, el CNE creó un centro de contingencia en el Área Metropolitana de Caracas, 18 centros de votación fueron reubicados en el Poliedro de Caracas, allí, podrán sufragar los electores de los municipios Chacao, Baruta; el Hatillo, excepto su zona rural; las parroquias Leoncio Martínez y la zona oeste de la parroquia Petare en el municipio Sucre, así como algunos centros de votación de las parroquias el Valle, la Vega y el Paraíso del municipio Libertador. Además se reprogramó la ocupación de los centros de votación de los estados Portuguesa y Amazonas, por razones de inundaciones y por dificultad en el acceso. Destacamos que para esta elección, los electores podrán votar en cualquier centro de su Municipio, sin el uso de tinta indeleble y con un tarjetón electoral que muestra números y no personas.

La rectora solicitó también que el Consejo de Defensa de la Nación tomara medidas de seguridad extras para proteger la elección, lo que se tradujo en la activación del Plan República una semana antes de los comicios, aumentar el perímetro de seguridad a 500 metros de los centros electorales, declarar zona de seguridad los centros de votación y asegurar la pronta detención de las personas que comentan delitos electorales durante los comicios.

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La lista de candidatos es larga, tanto como la elección que se plantea. Su referencia más cercana fue la elección de los 131 constituyentes de 1999, que tardó 7 meses en organizarse, más un mes completo para su instalación y 3 meses para redactar la carta magna vigente. Ese grupo contaba con personas provenientes de una variedad de sectores y representaciones de la vida gremial, social, política y partidista de la Venezuela que apenas iniciaba su período con Chávez al frente. Sin embargo, hoy día se pretende elegir cuatro veces más candidatos en un proceso en un lapso menor de dos meses, sin cumplir con el requisito de origen establecido en la Constitución: la consulta refrendaria, para saber si la población aprueba el proceso y sin garantía que el documento final irá a consulta a través de referéndum para su aprobación o rechazo.

Sin embargo, en las listas presentadas por el Consejo Nacional Electoral se encuentran varias irregularidades y violaciones a la norma electoral, así vemos candidatos con súbitos cambios de residencia, como el caso de la primera dama, Cilia Flores, diputada a la Asamblea Nacional por Cojedes, que ahora se postula por el Distrito Capital; Héctor Rodríguez, diputado por el estado Bolívar y ahora candidato por el municipio Páez del Estado Miranda; o la postulación del embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, quien se postuló como candidato por el Municipio Plaza del Estado Miranda.

Los perfiles de los candidatos muestran diversidad en cuanto a sus estilos de presentación, pero las propuestas y  el discurso están totalmente alineados a la posición prorégimen. Al revisar las listas de postulados y cruzarlas con la data del PSUV se puede calcular un promedio de 500 candidatos militantes del mismo por cada estado. Y el número aumenta al constatar los representantes de sectores como el de comunas y consejos comunales, que se presentan como defensores de la revolución en sus perfiles públicos en redes sociales y videos de campaña, todo lo cual  viola normas electorales de forma expresa.

La mayoría de los admitidos son figuras que han ocupado cargos públicos en el gobierno o líderes identificados con el chavismo o el madurismo. Por eso, al frente de la campaña aparecen los rostros del clásico enroque, figuras que han rotado por varios cargos durante estos 18 años: la primera dama, Cilia Flores; el hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra; la ex canciller Delcy Rodríguez; el hasta hace poco vicepresidente de la República Aristóbulo Istúriz; el ex constituyente y ex diputado Earle Herrera; el cantante y diputado suplente Roque Valero; el ex presidente de Venezolana de Televisión Luis José Marcano; el ex ministro de Educación Rodulfo Pérez; el ex gobernador Adán Chávez; el ex gobernador de Carabobo Francisco Ameliach, que renunció pocos días antes de esta postulación; la ex gobernadora Erika Farías; la ex ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela; el presentador de La Hojilla, Mario Silva; el abogado constitucionalista Herman Escarrá, y el embajador de Venezuela en España y ex fiscal general de la República Isaías Rodríguez.

Otra de las irregularidades que se observa en la revisión de las listas oficiales, es el estatus contradictorio en la postulación de una misma persona. Se puede verificar que hay personas que aparecen como rechazados y admitidos al mismo tiempo, a saber, en el estado Amazonas se encuentran los nombres de Antonio Rumbos, Josefina González, Jorge Estévez, Ezequiel Brito y Jaime García, que con sus respectivos números de cédula registran el doble estatus o como el de Rigel Sergent y Tamayba Lara que presentaron su postulación por el Municipio Libertador del Distrito Capital; ambas candidaturas aparecen señaladas con el estatus de “rechazadas”, pero en los perfiles de redes sociales se presentan como candidatos territoriales de Distrito Capital con el N° 13.

Más allá de tratarse de una Constituyente ilegal por lo que ya hemos expresado en anteriores entregas, hoy más aun, ilegitima dados los resultados de la consulta pública realizada el 16J donde el soberano rechazó por una amplia mayoría y de manera categórica el proceso Constituyente, los objetivos propuestos se reducen a refundar la Republica y concretar el Estado Comunal.

Esta intención se refleja a través de la inédita propaganda de campaña que encontró espacio de difusión al ser transmitida a través de cadena nacional, donde los 6.150 candidatos han presentado sus propuestas sobre lo que ellos entienden como la labor encomendada.

Entre los candidatos figura Mario Pizzoferrato, postulado por el sector estudiantes de la Misión Sucre, quien propone insertar la construcción de las aldeas universitarias en las comunidades con alta tecnología.

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Jorge González por su parte, propone la modificación del  artículo No 2 de la Carta Magna que establece que «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, sugiere que se incorpore la palabra antiimperialista, crear un Sistema de Contraloría Social de las Misiones, para garantizar la vigilancia, el control, la supervisión y evaluación de las asignaciones de los beneficios que se otorgan a las familias, constitucionalizar las nuevas formas de organizaciones productivas, Empresa de Propiedad Social Comunal, Unidad Productiva Familiar y el Grupo de Intercambio Solidario Trueques; crear el Sistema de Formación y Transformación de la Conciencia, crear el Sistema Laboral Bolivariano para la inclusión al trabajo de los jóvenes en edad laboral, discapacitados y adultos mayores. Elevar a rango constitucional la lealtad a la revolución, la congelación de precios y el poder de las «comunas» sobre alcaldías y gobernaciones; dotar a los consejos comunales de poder de decisión sobre la producción de las fábricas y establecer tribunales populares para juzgar a los políticos son algunas de las propuestas de los candidatos.

Por otro lado, el candidato Jonathan Navas propone que los consejos comunales y comunas sean quienes  aprueben los proyectos a los alcaldes y gobernadores y no al revés».

Keipler González, candidato número 18 por el sector comunas propone los tribunales populares del pueblo, para juzgar delitos políticos y «Llevar a la Constitución la inamovilidad laboral», «combatir la usura y la especulación» e incluir la jubilación tras «20 años de servicio en la administración pública sin importar límite de edad».

Fernando Travieso plantea estudiar la posibilidad de crear un impuesto en función de los daños sufridos por su actuación, para resarcir a quienes en el país-objetivo han sido afectados, también podría emplearse los recursos para poner en condiciones óptimas la plataforma por donde sale el 70% de las exportaciones petroleras, la cual es objeto de una conspiración internacional.

El candidato territorial José Benigno Álvarez Castro, propone darle marco jurídico a todos esos logros de la revolución bolivariana que no están contemplados en la Constitución y que deben ser tomados en cuenta y lograr el perfeccionamiento de las misiones ya existentes.

Carlos Medina tiene 73 años y es candidato por el sector jubilados y pensionados con el número 22, propone un fondo social que cubra la hospitalización, la medicina; crear un centro de atención integral al jubilado y al pensionado incluirlos en la Misión Vivienda, aboga por un Estado obrero y campesino, propone que se fortalezcan las formas de participación popular y tiene una propuesta para la autogestión a través del manejo de desechos y el reciclaje.

Frenzel Hernández es candidato territorial por Vargas con el número 7, tiene 52 años, su propuesta fundamental es la de socializar los medios de comunicación deben convertirse en una herramienta para la participación ciudadana, su segunda propuesta es un capítulo que incluya la gestión directa del Poder Popular organizado y de la clase trabajadora en las empresas y en los procesos de producción; y como tercera propuesta avanzar hacia una nueva organización política y territorial del Estado, la comuna. En Vargas específicamente plantea la participación directa de los pescadores y de los campesinos en la gestión económica.

Xiomara Toro es candidata por los trabajadores sector servicios  numero 11, tiene 50 años, propone continuar con la democratización e inclusión en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, su propuesta radica en convertir el espacio radioeléctrico en un espacio para la soberanía del pueblo y no de las empresas de capital privado que lo explotan.

Néstor Francia es candidato por el sector de pensionados, en la Región Capital identificado con el número 6. Propone pensión automática el cumplirse la edad prevista, beneficios igualitarios para todos los trabajadores, creación del Estado Mayor de la Tercera Edad. En cuanto a las propuestas políticas propone la «Administración popular piramidal de los municipios», esto es, eliminación de la figura de las Alcaldías y de los Consejos Municipales, y su sustitución por Consejos Populares Municipales de elección por la base y por delegación, cada Consejo Popular Municipal elige de su seno, en asamblea, a uno o más delegados al Comité Regional de Contraloría Social. Sobre la Asamblea Nacional propone cambiar la forma de representación de la Asamblea Nacional por una en la que no elijan los partidos políticos sino las distintas formas de representación popular, propone que los Consejos de Trabajadores tengan rango constitucional y obligatorio.

El candidato Edinson Alvarado por el sector transporte indicó que una de sus propuestas es constitucionalizar las Misiones y por ende la Misión Transporte, el sistema ferroviario nacional y el fortalecimiento de los consejos productivos de los trabajadores (CPT), el Cabletrén Bolivariano, Metrocable San Agustín, el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), Metro Los Teques, Metro de Valencia, Metro de Maracaibo, Trolebus de Mérida y Metrobus, la idea es  alcanzar la independencia tecnológica. Manifestó que desea que los venezolanos sean quienes produzcan las unidades de transporte. Propone que a todos los transportistas del sector público y privado se les garantice su seguridad social y la de sus familiares al ser inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) e impulsar la creación de una Universidad de Transporte en todo el país.

El candidato por el sector empresarial, Orlando Camacho, propuso una reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios para que el sector privado coloque más divisas en el sistema con la finalidad de fortalecer la captación de la moneda internacional, se trata de la gobernanza del sistema cambiario para erradicar el dólar de guerra.

Valentín Santana, líder del «colectivo» La Piedrita, uno de los grupos civiles de «defensa de la Revolución» plantea introducir la «lealtad absoluta a la Revolución Bolivariana» en la ANC. Es el candidato N° 2 para el Distrito Capital. Su campaña incluye quema de banderas estadounidenses y mensajes para denunciar una conspiración en su contra, sin embargo a 9 días de la elección en tono amenazante acusaba al Cicpc de hostigamiento, se dirigió al cuerpo policial directamente y les advirtió que si era asesinado, atacado o detenido, Caracas “se prenderá en candela”.

El candidato a la constituyente por el Municipio Brión en Miranda, Edwin Sanabria, fue detenido en mayo de 2016 por estar relacionado con el robo de un vehículo, no es nuevo en las contiendas electorales porque ya había sido candidato por el PSUV a la Asamblea Nacional por el circuito 5 de Miranda.

El candidato Antonio León se dio a conocer como “La máscara” y propuso entre cánticos y baile callejero en la Plaza O’Leary, una especie de “fiado” con rango constitucional para dar las bolsas del Clap a quienes no contaran con el dinero en el momento de la entrega.

Destaca el retorno de María Bolívar, candidata presidencial en dos oportunidades, quien pide una “ayudaìta” y vuelve a las lides de campaña como representante del sector de la banca y comercio.

En resumen, la consigna de todos es que la constituyente es garantía de paz, propuesta que carece de un asidero concreto, las demás propuestas van dirigidas a  conseguir “fiadas” las bolsas del Clap, explicar que la inflación está elevada porque el petróleo ataca, invitar a votar no con la cédula sino con el carnet de la patria, pedir bono de alimentación para pensionados, acabar con la burocracia, crear contratos colectivos exclusivos para discapacitados, armar el modelo postpetrolero, blindar los consejos comunales, «castigar duramente a aquellos que practican el boicot, bachaqueo, sobreprecio», establecer la edad de retiro en 55 años, mantener la revolución, la lealtad al proceso  y «construir la patria de la suprema felicidad social».

Sin embargo, la presión de la comunidad internacional ante esta propuesta de constituyente hace cada día hace más débil el escenario para que se concrete. Se hace un llamado al gobierno venezolano  para que suspenda la convocatoria, muestra de ello es la reacción del presidente de Colombia Juan Manuel Santos y la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó con sanciones económicas fuertes contra Venezuela si el gobierno mantiene la convocatoria y las advertencias de la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, sobre la posibilidad de que las potencias del viejo continente apliquen sanciones de continuar el proceso.

Por otro lado, la  migración masiva de venezolanos representa un grave problema para los países vecinos y conscientes que responde a la inestabilidad interna venezolana, intentan prevenir los efectos de una migración no controlada, escenario que se plantea en Brasil y algunas islas del Caribe por la cercanía geográfica, lo que traería como consecuencia lógica que tomen medidas directas como el cierre de fronteras o restricciones migratorias si la constituyente avanza y el clima conflictivo empeora. Todo este panorama podría abrir la puerta a una negociación que evidentemente tendría que contar con participación internacional de mediadores aceptados por ambas partes. Sin embargo, está claro que la comunidad internacional no tiene forma de imponer una solución en Venezuela y que la única solución es interna.

La realidad es que las condiciones en las cuales se convocó este proceso constituyente no tienen asidero legal por lo que resulta casi imposible proyectar un escenario en lo adelante. De concretarse la Asamblea Nacional Constituyente, por un tiempo indefinido, la misma tendría como único objetivo redactar una nueva Constitución, respetando la de 1999 vigente, pero todo asoma la inclusión de las propuestas prometidas, es decir, tomar decisiones parlamentarias que reformarían el Estado.

La verdad es si hubiese un estado de derecho en el país, la elección de una ANC, en estos términos, no debería tener validez porque carece de legitimidad de origen, sin embargo, tal y como se han venido desarrollando los acontecimientos, los candidatos no han ocultado sus intenciones de desmontar el actual marco jurídico aun cuando sus propuestas estén reñidas con la Constitución.

Las perspectivas que pueden enfrentar los venezolanos inmersos en una de las más profundas crisis económicas, si se concreta esta elección son nefastas,  el gobierno tendría  manos libres para gastar y endeudarse más aun, estatizarlo todo, más allá de controlar y congelar de precios, todo lo cual profundizará mucho más la escasez, el bachaqueo, las colas y la corrupción en las redes de distribución de alimentos, eso sin tocar el tema de salud y medicinas. Por eso se equivocan, con la constituyente no manda el pueblo, el pueblo seguirá muriendo de mengua, producto del hambre, la inseguridad y la escasez.

A un paso del abismo en Venezuela, y aun cuando  rumores de negociación van y vienen, la realidad es que de concretarse la instalación de  esta ANC, se concretaría el golpe de estado y daríamos entonces paso a la instauración de  una dictadura en el país, porque quienes asumirán la redacción de la Constitución contemplarán la visión del régimen, visión que de todos es bien sabido, nos ha llevado a la situación de crisis que atravesamos hoy día, de modo que en este orden, la mayoría de la población quedaría sometida a un marco regulatorio de opresión y sometimiento, que excluye la disidencia, marco este que constitucionalizará sin duda el estado comunal, de modo que, en criollo, estaremos dándole la bienvenida con todas sus letras al Comunismo del Siglo XXI.

MARÍA AUXILIADORA DUBUC

@mauxi1

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