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El gobierno aumenta el uso de recursos extras para financiar el gasto que ejecuta, lo cual se ha venido intensificando en los últimos años.
Analistas han advertido que la aprobación de una gran cantidad de créditos adicionales evidencian fallas de planificación. Pero a la vez destacan la falta de transparencia en la información sobre la documentación de la fuente de financiamiento.
En 2011, por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó recursos extras que representaron la mitad del gasto asignado para ese período. Es decir, de los 204.200 millones de bolívares presupuestados, se autorizaron fondos extras por Bs 137.900 millones.
El Parlamento ha autorizado en lo que va de 2012 solicitudes de créditos adicionales y los diputados de oposición han venido alertando que los mismos llegan sin que se diga con claridad de dónde saldrán los recursos, lo que es una obligación.
El Ministerio de Planificación y Finanzas ha informado que además de los recursos en caja de la Tesorería Nacional, existen 14 vías que alimentan los créditos adicionales, entre ellas, el Fondo Miranda, el Fondo Simón Bolívar y el Fondo Renot, así como los dividendos de Bolipuertos, del Banco de Venezuela y de Cantv.
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Diputados de la Comisión de Finanzas de la AN, como Vestalia Sampedro, Alfonso Marquina y José Manuel González, han exigido que se informe detalladamente el origen de los fondos, pero en algunas ocasiones no han obtenido repuestas, por lo que han salvado su voto en la aprobación de algunos créditos.
El presidente de la República, Hugo Chávez ha señalado que el dinero público "está en buenas manos" y ha defendido la creación de fondos para financiar el gasto extraordinario.
Desde la Comisión de Finanzas, el presidente de ese ente, Ricardo Sanguino, tampoco ha hecho algún cuestionamiento sobre la manera cómo el Ejecutivo solicita los créditos.
Manejo poco claro. Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, sostiene que cada solicitud de crédito adicional debe mostrar claramente el origen de los recursos para su comprobación y auditoría.
Actualmente, en el documento que acompaña estas peticiones sólo se coloca la denominación "ingresos extraordinarios", y sin mayores detalles las fuentes de financiamiento, cuando lo legal es que se indique "Recursos provenientes del Fondo Miranda" o "Recursos provenientes de dividendos del Banco de Venezuela", como se ha hecho en años anteriores.
"Ya desde el pasado año se aprobaron solicitudes con fuentes de financiamiento poco claras. Esto es una señal de que el dinero público se está manejando de manera oscura y opaca y no se utiliza con criterios de transparencia como lo ordena la Constitución", dijo De Freitas.
Destaca que esto genera una gran "opacidad y discrecionalidad" de los recursos públicos.
"Lo legal es que en la Gaceta Oficial se coloquen las fuentes de financiamiento y cómo fue aprobada esa solicitud. Si hubo votos salvados o negados, se debe dejar constancia. Porque esta es la manera de hacer posteriormente una contraloría de los desembolsos. Pero al no quedar un registro no hay manera de hacerle seguimiento al dinero público", explicó De Freitas.
Poca supervisión. La organización Transparencia Venezuela ha realizado varios análisis a la forma en que el Gobierno maneja el presupuesto de la nación y resalta el poco seguimiento que se hace de los gastos que aprueba la AN.
En la anterior AN los diputados oficialistas crearon una comisión para hacerle seguimiento a los créditos adicionales. Luego de algunas visitas realizadas en algunos proyectos, nunca se presentó un informe sobre los resultados de esa fiscalización.
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¿Por qué se presupuesta?
El presupuesto es la expresión concreta en números de lo que puede y debe gastar, ejecutar, comprar o hacer el Estado en un año, y se hace para definir propósitos con base en un plan. Permite organizar las prioridades y decidir el gasto en función de las necesidades existentes.
Mercedes De Freitas señala que los gobiernos no deben presentar presupuestos altamente deficitarios, que luego tengan que ser financiados con recursos extraordinarios.
"Por ejemplo, si el Gobierno sabe que cada año debe cancelar el aumento salarial, lo debe contemplar en su presupuesto y no esperar a cancelarlo con créditos adicionales", explicó.