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El lunes 12 de marzo del presente año la vida de los dos hijos de la maestra Yanireé Josefina Suárez Martínez cambió para siempre. Su joven madre, de 22 años de edad, fue asesinada por un hombre que le propinó un disparo en el estomago. Suárez Martínez era maestra en la zona sur del estado Anzoátegui.
Pasaron sólo cinco meses para que las páginas de sucesos de los periódicos anzoatiguenses contabilizaran a otra profesional de la educación a manos del hampa. La población de Boca de Uchire despertó el 19 de agosto con una dantesca noticia: El cadáver de la profesora Esperanza Judith Tovar González, de 59 años de edad, fue encontrado con 20 puñaladas en una vivienda ubicada en el sector La Playa de Boca de Uchire, municipio San Juan de Capistrano del estado Anzoátegui.
Este fin de semana pasado, nuevamente el estado Anzoátegui se convirtió en noticia nacional por el asesinato de una maestra. Mariana Coromoto León Armas (43 años) fue hallada muerta de múltiples heridas por arma blanca en el baño de su vivienda, ubicada en la calle Bolívar de Valle Guanape, del municipio Carvajal. Como presunto asesino es señalado su ex marido José Antonio Castillo.
El último de estos casos ha tenido como variable la podredumbre corrupción que impera, bajo la mirada cómplice del gobierno nacional en los cuerpos policiales de todo el país.
Habitantes de Valle de Guanape protestaron fuertemente este lunes 3 de diciembre en las adyacencias de la sede de la policía por la presunta complicidad del comandante, Pablo Quintero, con el homicida de la maestra Mariana León.
Personas que prefirieron mantener su identificación bajo anonimato por seguridad, aseguran que Quintero mantiene una relación amorosa con la hermana del asesino de la docente. En diversas oportunidades han denunciado la presencia de José Antonio Castillo en algunos lugares del pueblo, pero recibían una respuesta negativa del comandante, ya que éste se negaba a comisionar a funcionarios para su captura. Castillo permanece prófugo de las autoridades.
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En medio de la desobediencia civil de la población en exigencia de justicia, los funcionarios policiales descargaron perdigones en contra de varias personas, en un evidente acto de violación a los derechos humanos. Al interior de la comandancia tuvieron acceso varios pobladores, donde encontraron destruidas las denuncias de violencia hechas por la maestra León en contra de José Castillo. Nos preguntamos ¿Quién permitió ese acto vandálico para impedir y entorpecer las investigaciones? ¿Acaso el Comandante Quintero tiene interés en que no se procese a José Antonio Castillo?
La protesta de la comunidad permitió descubrir varios hechos de corrupción en la comandancia. En el lugar hay presos que deben estar en el internado judicial José Antonio Anzoátegui de Puente Ayala. Uno de éstos tiene a su disposición una celda con todos los privilegios como televisor, celular, computadoras, donde no dudamos que se lleve a cabo planes de secuestros y robos de la zona.
Los habitantes también denunciaron que en el interior de la comandancia encontraron pacas de harina pan, harina de trigo, leche y azúcar. La sede funciona como centro de acaparamiento mientras la población tiene que adquirir estos productos a un 200 % más caro.
Pedimos a las autoridades la investigación inmediata de todos éstos hechos mencionados. El Comandante Pablo Quintero tiene que ser apartado de su puesto para permitir el curso de las investigaciones y el Ministerio de Interior y Justicia nombrar a una comisión especial para intervenir a esa sede policial.
Debido al asesinato de la maestra las clases han sido suspendidas en la localidad.
En una Venezuela Futura las leyes deben ser garantía de seguridad y justicia para todos los habitantes; sin importar su color, raza, posición económica o política. La nueva generación debe levantar las banderas de los principios y valores para vencer todos estos vicios de corrupción.
Por: Asdrúbal Triana / @asdrúbaltriana