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Comunicado de los estudiantes de derecho de la UCV

Desde el Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela rechazamos las recientes declaraciones emitidas por parte de la Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana Gabriela Ramírez, el día de ayer 08/03/2014, donde valiéndose del cargo que ostenta, legitimó determinadas prácticas como medios de obtención de información, al sostener una definición de tortura incompleta que excluía los tratos crueles, inhumanos y degradantes de la definición de tortura general que existe a nivel internacional, dejándonos en un limbo legal, con respecto a la naturaleza y consideración de estas acciones atroces e igualmente ilegales que se encuentran dentro del mismo articulado de nuestra constitución.

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La Organización de Naciones Unidas define la tortura como “la acción de infligir  intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación…”  La Constitución de la república Bolivariana de Venezuela no solo suscribe acuerdos internacionales en contra de la tortura, no solo contempla la pena en caso de tortura sino que además exige por parte del Estado la garantía de los Derechos Humanos a todos los ciudadanos. Como estudiantes de Derecho de la UCV consideramos nuestra responsabilidad tomar una postura firme frente a este hecho y divulgarla frente a toda la comunidad venezolana, queremos que la nación entienda la envergadura que tienen las mencionadas declaraciones donde se refleja la ligereza y flexibilidad que se le quiere dar a un término tan definido y estrictamente delimitado por la gravedad de la ofensa que implica contra los Derechos Humanos como la TORTURA, queremos dejar bien claro que al contrario de lo que menciona la defensora del pueblo, los “tratos excesivos o usos desproporcionados de la fuerza” y los tratos “crueles, inhumanos o degradantes”, entran dentro de la definición de tortura consagrada por nuestra constitución en el art. 46, así como en otras partes del mundo, tal y como se refleja en la definición que la ONU ha establecido para el término “tortura”.

La defensora del pueblo es quien de acuerdo a los arts. 280, 281, y 283 de nuestra constitución tiene bajo su investidura la responsabilidad de ser garante y protector del estricto cumplimiento de todas las normas en materia de derechos humanos en Venezuela. Por eso, le exigimos a la ciudadana Gabriela Ramírez en razón de su cargo y responsabilidad que impulse las acciones legales necesarias para que comiencen las investigaciones pertinentes y los procedimientos necesarios para que estas acciones cometidas en contra de los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado no queden impunes, que cumpla y haga cumplir la constitución y el debido proceso al exigir que se castigue todo tipo de tortura hacia cualquier detenido en Venezuela, que cumpla con su responsabilidad y su trabajo como DEFENSORA DE TODO EL PUEBLO DE VENEZUELA, alzando su voz de inmediato para proteger a quienes son víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país o que de lo contrario renuncie a su cargo cuanto antes por manifiesta incapacidad para defender los derechos humanos de los venezolanos y por ende para ejercer su deber como defensora del pueblo.

Anthony Romero / Presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la UCV

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[Fuente: Prensa Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la UCV]

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