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El fiscal general ante la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, acusó recibo de la solicitud formulada por el abogado del Foro Penal Venezolano Alfredo Romero a efectos de que el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte sea interrogado y su testimonio sirva como evidencia de la alegada persecución política ejecutada sistemáticamente por el Gobierno contra personas y grupos disidentes.
En una comunicación fechada el 21 de mayo de 2012, M. P. Dillon, jefe de la Unidad de Información y Evidencia de la Oficina del fiscal general, respondió a Romero que la solicitud será tramitada de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Roma. "Tan pronto sea tomada una decisión se la informaremos por escrito, así como las razones que la fundamentan", se agrega en la misiva.
Romero precisó que la solicitud fue formalizada el 2 de mayo y constituye la más reciente diligencia para impulsar el trámite del expediente 0TP-CR-1/04/008, nomenclatura con la cual está identificado el caso abierto en 2004 por diversos homicidios, daños a la integridad física y privaciones ilegítimas de libertad que, según los demandantes, configuran el delito de persecución política y podría acarrear la responsabilidad penal del presidente Hugo Chávez, en los términos del Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional.
"Desde 2004 y sucesivamente hemos consignado pruebas de la persecución política. Sin embargo, las declaraciones de Eladio Aponte Aponte, cuyo registro escrito y audiovisual entregamos al fiscal general, tienen un inmenso valor probatorio, pues es un ex funcionario que ejerció la máxima autoridad de la justicia penal en Venezuela y que confesó haber participado directamente en la ejecución de los hechos delictivos que hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional", advirtió el abogado.
Los denunciantes aspiran a que el fiscal general o el funcionario que él designe se traslade a Estados Unidos para interrogar al ex presidente de la Sala Penal del TSJ, o que éste sea trasladado a la oficina del fiscal general para ofrecer su testimonio. En cualquier caso se requeriría la cooperación de las autoridades policiales y judiciales de Estados Unidos, a cuyas órdenes se encuentra el ex magistrado desde el 9 de abril.
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El FBI y la DEA esperan que Aponte contribuya a fundamentar las investigaciones contra funcionarios de Venezuela por sus presuntas vinculaciones con organizaciones dedicadas al terrorismo y al tráfico de drogas, entre ellas las FARC.