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El vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), José Javier Morales, designó ayer al diputado Modesto Ruíz como presidente de la subcomisión que tratará el proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario, que fue consignado el 31 de enero pasado por los colectivos sexo-género diversos.
La decisión fue tomada tras el derecho de palabra concedido a miembros de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria y Ejército Emancipador del Gran Polo Patriótico en el Parlamento, para que expusieran las demandas fundamentales que esperan sean debatidas por el Poder Legislativo, a fin de garantizar la ciudadanía plena de esta población vulnerable.
Al respecto, el diputado Ruíz estimó para finales de julio la preparación de una agenda de foros y conversatorios que les permita a los distintos colectivos exponer los fundamentos de esta lucha y así poder abordar el tema con el conocimiento necesario para tomar decisiones.
Ejes para la igualdad
Durante su intervención, el presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, Giovanni Piermattei, expuso que la lucha de esta población se centra en otros cuatro ejes transversales (además del matrimonio civil igualitario), con bases en la Constitución de la República de Venezuela, los tratados y pactos internacionales en materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por la República y el Plan de la Patria 2013-2019, hoy ley de la Nación.
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Piermattei también explicó que otra meta de la población no heterosexual y género diversa es lograr que el Parlamento venezolano, como sucedió en Argentina, discuta y sancione una normativa que garantice el derecho a la identidad de las personas transgéneros, transexuales e intersexuales.
Igualmente, estos colectivos precisaron que es necesaria la aprobación de una Ley Antidiscriminación que incluya todos los grupos vulnerables, para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género, así como la creación de un organismo que se encargue de la regulación permanente de este instrumento jurídico.
Asimismo, instaron a fortalecer la educación sexual para combatir la homofobia, lesbofobia, transfobia e interfobia.
No es baladí destacar que los instrumentos jurídicos propuestos por la comunidad sexo-género diversa tienen su base en el objetivo 2.2 del Plan de la Patria que establece la construcción de una sociedad igualitaria y justa, para lo cual en sus apartados 2.2.4.2, 2.2.4.3 y 2.2.4.4, respectivamente, llama a la incorporación de la perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas, a promover la no discriminación y la protección a los grupos socialmente vulnerables, generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y de diversidad sexual y a promover el debate y reflexión de los derechos de la comunidad sexo-diversa.
Fuente [La verdad.com]