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El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, describió este jueves un descarnado panorama de «corrupción e ineficiencia» en la administración pública que le cuesta a su país hasta un 7% del PIB, en un diagnóstico presentado al cumplir cien días de gestión.
Ante un numeroso público integrado por representantes de la sociedad civil y de los poderes del Estado, en un teatro de San José, Solís enumeró más de una docena de asombrosas irregularidades como ejemplos de los hallazgos hechos por el nuevo gobierno, cuya descripción -dijo- podía tomarle varias horas.
Entre estos casos mencionó la desaparición de 117 vehículos de la Casa Presidencial y el desvío de un 50% del presupuesto social destinado a la población pobre hacia un grupo de beneficiarios que cuentan con recursos económicos.
Los atropellos y abusos cometidos desde las instituciones públicas en los últimos gobiernos apenas se están empezando a investigar, pero el costo para el país de estos hechos podrían representar «alrededor de un 7% del Producto Interno Bruto», apuntó.
«Así las cosas -señaló-, no es casual que Costa Rica presente desmejoras notables en los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas», cayendo del puesto 45 al 68.
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El mandatario lamentó también los serios problemas de ineficiencia que «tienen postradas» a numerosas instituciones públicas.
Solís, quien asumió el 8 de mayo pasado tras ganar los comicios de segunda ronda con más del 70% de los votos, ha sido criticado en las últimas semanas por sectores de la oposición y del empresariado que le achacan no haber definido un rumbo claro para su gobierno.
Le señalan, además, el haber otorgado un aumento salarial entre un 4 y 5% para empleados públicos y privados y el incremento en el presupuesto para las universidades públicas, pese a existir un déficit fiscal superior al 6% del PIB.
Frente a estas criticas, Solís anunció medidas de contención de gasto y para controlar la evasión y el contrabando.
También anunció la creación de una plataforma digital para que cualquier persona pueda tener acceso a información pública, tales como contratos del Estado, salarios de funcionarios públicos, consultorías o el otorgamiento de becas y bonos.
Solís hizo un llamado a los funcionarios públicos, a los partidos políticos, al sector empresarial y a los costarricenses en general a cerrar filas para enfrentar los problemas heredados y propiciar un cambio.
Además, dijo que a partir del 1 de setiembre y por 18 meses se desarrollará un diálogo entre el gobierno y diferentes sectores para revisar la matriz energética del país, lo que definió como una tarea urgente para mejorar la calidad de vida de los costarricenses.
Mantuvo además la decisión de declarar una moratoria hasta el año 2021 de toda actividad de exploración y explotación petrolera en el país, que ya había sido adoptada por la anterior administración, de la presidenta Laura Chinchilla.
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El analista político Víctor Ramírez dijo a la AFP que el informe presidencial, a 100 días del inicio de su gestión, es un hecho inédito y trascendental, ya que Costa Rica ha vivido una «cultural del disimulo» durante muchas décadas en que dos partidos tradicionales (Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana) se alternaron el poder.
Solís fue llevado a la presidencia por el Partido Acción Ciudadana (PAC) que nació con la lucha contra la corrupción como bandera y que por primera vez gobierna en este país centroamericano.
«Es un acierto del presidente el que haya asumido el riesgo de exponerse a críticas y dar su opinión de cómo recibe el gobierno», dijo el también analista Francisco Barahona, quien consideró el acto como propio de una democracia avanzada.
Inicialmente, Solís intentó presentar su informe ante el plenario legislativo, pero las diferentes fracciones políticas no lograron ponerse de acuerdo con respecto a la mecánica del debate, por lo que el mandatario decidió hacerlo ante representantes de la sociedad civil.
Fuente [noticias.terra.com.pe]