“La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado”

“La seguridad ciudadana es un derecho humano fundamental, cuya obligación de cumplimiento debe ser asumida por el Estado en cooperación con los órganos públicos y privados, entendiendo que la seguridad dejó de ser un problema de carácter policial para convertirse en un problema multifactorial”, expresó Pedro Rangel Rojas, director del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en el marco del seminario Internacional que se llevó a cabo en Caracas.

Expertos internacionales de Chile, Perú, Colombia, Brasil y Venezuela coincidieron en que para garantizar el éxito en esta materia resulta necesaria la planificación crítica e integral de políticas de seguridad pública, que estén contextualizadas en la realidad de cada país, cada estado, y cuya aplicación sea continua y sistemática, atendiendo a cuatro líneas fundamentales: prevención, participación ciudadana, rehabilitación y reinserción, garantizando su continuidad, a pesar de cambios políticos.

Asimismo, concluyeron que para poder planificar eficientemente, el primer paso es asegurar que se puedan contar con indicadores y cifras confiables que permitan hacer diagnósticos acertados de la situación en la se encuentra el país y de los progresos que se alcancen, a partir de la consecución de las políticas de seguridad.

Otro punto en común dentro del grupo de ponentes del Seminario fue la necesidad de despolitizar el tema de la seguridad de manera que ciudadanos, funcionarios públicos, académicos puedan comprometerse formalmente a asumir con responsabilidad y acciones contundentes, este problema que tanto preocupa a la sociedad en general.

Establecer restricciones y desarmar a la sociedad

Felipe Harboe, diputado chileno y ex viceministro del Interior en los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, comentó que de acuerdo a las estadísticas del país, la sociedad venezolana tiene un alto poder de fuego y que sociedades de este tipo poseen altos indicadores de niveles de violencia urbana y aumento de homicidio. “Ante una situación así la recomendación es una modificación a la ley de control de armas para establecer restricciones y al mismo tiempo, ejecutar un gran plan de desarme de la sociedad”.

Harboe es de la opinión que las políticas públicas están destinadas al fracaso si no existe una participación ciudadana, aunque las autoridades tengan las intenciones, la decisión y los instrumentos para ejecutarlas. Agregó que es de suma importancia la creación de redes sociales que permitan cultivar vínculos entre vecinos y así fortalecer la solidaridad y evitar, por ende, la ejecución de hechos ilícitos.

Finalmente, expresó que resulta fundamental para que un país tenga éxito en la lucha contra la delincuencia, tener un buen diagnostico respaldado por cifras serias, objetivas, permanentes y públicas. “Con una política pública integral, con metas claras y con determinación de responsables se puede combatir la inseguridad de un país”.

Por su parte, Hugo Acero, ex secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana en las gestiones de los alcaldes Antanas Mockus y Enrique Peñalosa recomendó al Gobierno Nacional reconocer públicamente que se está ante un problema grave. “Yo creo, que el primer trabajo es asumir esa responsabilidad que tiene el gobierno y que sea éste el que invite a todos los gobernadores y alcaldes, independientemente del partido político al cual pertenezcan, a trabajar en equipo para mejorar la seguridad”.

Acero considera que el paso siguiente a seguir por parte del estado es la “profesionalización de las policías, profesionalizar la justicia, y sobre todo, realizar una inversión considerable en este tema, porque si no se está dispuesto a invertir para mejorar y profesionalizar estas instituciones, difícilmente se va a mejorar el tema de inseguridad y de justicia”.

José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica Andrés Bello afirmó que es necesaria la cooperación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las alcaldías para lograr un trabajo coordinado y mancomunado. “La seguridad no tiene color político, es un derecho y como tal debe ser garantizado a todos los ciudadanos por el Estado”.

El rector de la UCAB enfatizó que la participación social resulta fundamental, razón por lo cual considera necesario crear una cultura ciudadana alternativa que permita a los individuos participar en los planes y políticas, que los entiendan, porque no puede haber política de seguridad sin una ciudadanía que la respalde y la asuma como parte del proceso.

Prensa INCOSEC